Inquilinos se quejan por cobros ‘injustos’

Residentes de complejo de apartamentos del sur de LA dicen que deben pagar reparaciones innecesarias por reparaciones; ciudad investiga
Inquilinos   se quejan por cobros ‘injustos’
Sixto Medina dice que el administrador de su apartamento le está cobrando por unos mosquiteros que no necesitaba, mientras su ventana todavía requiere reparación.

Decenas de inquilinos del complejo de apartamentos del 3820 W 27th Street en la zona sur de la ciudad han tenido un amargo inicio de año. A partir del 17 de enero comenzaron a recibir en sus puertas, facturas de cobro por reparaciones a sus unidades habitacionales.

Según los inquilinos, el administrador del edificio, Fernando Flores, se les acercó a finales de 2011 para preguntarles qué reparaciones eran necesarias en sus apartamentos. Ellos indicaron sus distintas peticiones: pintura en interiores, cambio de alfombras, reparación de enchufes, etc.

Al cabo de dos semanas, los vecinos atestiguaron lo que Luz Díaz, vecina del lugar, describió como “arreglos exagerados y muy a prisa”. Los encargados de mantenimiento de las unidades colocaron mosquiteros en donde no había, cambiaron detectores de humo, instalaron cerraduras nuevas, y en algunos casos, cambiaron inodoros y arreglaron el piso, entre muchas otras reparaciones.

“Cosas que nosotros ni pedimos” dijo Sandra Salazar, inquilina desde hace diez años. El problema, según el abogado Daniel J. Bramzon, de la organización no lucrativa de defensa de inquilinos BASTA, no es que se hayan hecho reparaciones que no solicitaron.

El problema, según Bramzon, es que se les esté cobrando por reparaciones que legalmente le corresponde pagar a la administración.

“Son casos poco comunes en unidades habitacionales tan grandes” aclaró Bramzon “Esto es indicativo de que el administrador no conoce la ley y está haciendo algo muy tonto”.

Según el código municipal de Los Ángeles, los administradores de propiedades pueden cobrar los detectores de humo a los inquilinos, a razón de 50 centavos mensuales por los que operan con baterías, o tres dólares por los detectores de instalación permanente.

El pago estipulado por la ley debe ser incluido en el alquiler, pero no significa un incremento al mismo, que deberá regresar a su costo original una vez que el administrador de la propiedad haya recobrado el costo del detector de humo.

El administrador, por ley, debe entregar un desglose claro por escrito de los pagos a realizar por dichos aparatos y por cuánto tiempo.

Según Bramzon, “no existen provisiones en la ley en relación a mosquiteros (window screens), cerraduras y otras reparaciones. [Pero] la Ordenanza de Estabilización de Rentas de Los Ángeles (LARSO) limita el incremento anual de renta al 3%. [Por lo tanto] cobrarles [a los inquilinos] por cerraduras o mosquiteros sería un aumento ilegal de alquiler”.

Las facturas que recibieron los inquilinos son todas muy similares: 45 dólares por dos detectores de humo, 100 por cuatro mosquiteros, 70 por una chapa, un mosquitero y un detector de humo, y la lista sigue. Cuentas de 45 a 185 dólares.

“No nos dan razón, simplemente dicen que tenemos que pagar”, manifestó Sixto Molina, residente del lugar desde hace casi tres décadas.

Además de cobrarle los mosquiteros no solicitados, a Adalid Orozco le colocaron un mosquitero y le cobraron cuatro. “Me cobraba [el administrador] 100 dólares, le dije que checara porque solo me pusieron uno, le reclamé y salimos mal”, manifestó Orozco.

Entrevistado brevemente, el administrador Fernando Flores manifestó que los inquilinos “son gente ignorante, que están acostumbrados a vivir en lugares sin lineamientos y que no leen lo que se les da”. Se abstuvo de hacer más comentarios.

Del mismo modo, una mujer identificada como la “Señora H”, de L.A. Properties, compañía propietaria de las unidades, hizo acuse de recibo de las preguntas de este diario pero al cierre de la edición no manifestó respuesta alguna.

En entrevistas con La Opinión, varios de los inquilinos de las 145 unidades del complejo dijeron considerar injustos los cobros y se lamentaron de no tener un grupo que los represente.

“Todos tienen miedo”, dijo el vecino Ernesto Alonso. “Aparte todos trabajamos y cada quien se dedica a cuidar sus intereses”.

La Opinión contactó a la oficina del Concejal Bernard Parks, en cuyo distrito se encuentra el complejo residencial. Purvi Doshi, encargada de vivienda de la oficina de Parks, aseguró que existen acuerdos con diversos grupos de protección a derechos de inquilinos y que se encargaría personalmente de tratar lo relacionado a los apartamentos de la calle 27 con el Departamento de Vivienda de LA.