Política: Las armas de la democracia

En Estados Unidos, los mapas de distritos electorales deben ser examinados cada diez años, que es cuando se realizan los censos de población. Cada distrito debe tener un número similar de electores, en la medida de lo posible, a fin de que la representación en la Cámara de Representantes federal esté de acuerdo al nivel de población de cada estado.

Regularmente, explica Néstor García Iturbe, el Estado nombra un grupo de especialistas, jueces retirados, por ejemplo, que se encargan de realizar esta actividad y que minuciosamente van distribuyendo el distrito.

Estas personas determinarán cuántos latinos deben residir en el distrito, cuantos negros o de otras minorías, cuántos de los electores están inscritos como demócratas y cuantos como republicanos.

Si el número de personas que viven en las distintas partes del Estado aumentó desde el último conteo, entonces es posible que el Estado se haya ganado el derecho a incrementar el número de personas que lo representen en el Congreso

Si el aumento fuera, por ejemplo, por la cantidad de latinos, eso no quiere decir necesariamente que los latinos tendrán un distrito congresional donde serán mayoría y podrán tener un representante en Washington. Los “especialistas” asegurarán que esto no suceda, dice García.

En suma, la redistribución de distritos es un instrumento político poderoso para garantizar que los resultados electorales beneficien a uno u otro candidato. Sin embargo, las legislaturas de algunos estados intentan influir de forma evidente en el resultado, al crear distritos de formas casi increíbles con tal de que sus votantes sean mayoritariamente republicanos o demócratas.

En Los Ángeles, a pesar de que los latinos son casi la mitad de la población del condado, solo una hispana ocupa un puesto entre cinco directivos en la Junta de Supervisores

Según cifras del Censo, la población del condado de Los Ángeles es de 10 millones de residentes aproximadamente, de los cuales los hispanos son el 47.7%; los blancos el 50% y el resto de otras etnias.

Tampoco les importó que en los pasados 10 años la población hispana del condado angelino haya crecido en un 10.5%; mientras que la población anglosajona disminuyó en un 2.8%.

Regularmente, para ahogar los intereses de las minorías, los Demócratas y Republicanos se ponen de acuerdo y se reparten entre ellos el control de los distritos, acorde con el número de afiliados que cada uno tiene y distribuyen los votantes procedentes de las minorías de forma tal que nunca tengan mayoría en distrito alguno.

En algunos estados, la táctica ha sido dividir a latinos y negros y ponerlos a pelear entre ellos por el control de los distritos. El sentimiento anti-inmigrante gana terreno en todo EEUU, que la cuestión de la ciudadanía y la xenofobia se utiliza para dividir a las comunidades

Chicago es un lugar especialmente interesante para abordar estas cuestiones, ya que es conocida como una de las ciudades con más segregación racial en los Estados Unidos.

En 2004, señala Claudia Sandoval, la xenofobia contra los inmigrantes fue la corriente principal de la campaña electoral de Jim Oberweis, candidato al Senado, blanco, que decía que “los extranjeros ilegales vienen aquí para quitar los empleos a los trabajadores de EEUU, bajar los salarios y aprovecharse de los beneficios del gobierno, como la atención médica gratuita”. “Y usted paga”, añadió. Aunque dirigido a todos los habitantes de Chicago, este discurso tuvo como objetivo introducir una cuña entre los “extranjeros ilegales” y “las familias trabajadoras” de cualquier raza

Y mientras todas las miradas se centran hoy en Mitt Romney, vencedor de las elecciones primarias celebradas en Florida. Sin embargo, detrás del telón, los republicanos están librando una batalla, no entre ellos, sino contra los votantes estadounidenses

A lo largo y a lo ancho del país, los parlamentos estatales y los gobernadores están presionando para conseguir la aprobación de leyes que procuran restringir el acceso a las urnas, leyes que perjudicarán de forma desproporcionada a las personas de color y de bajos ingresos y a los votantes jóvenes y ancianos.

Según la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP) “La campaña actual de limitación del derecho al voto se centra en una ola de requerimientos restrictivos que exigen la presentación de un documento de identificación con fotografía emitido por el gobierno. En un esfuerzo coordinado, los legisladores de treinta y cuatro estados presentaron proyectos de ley que imponen dichos requerimientos”

No son sólo las personas de edad avanzada las que ven afectado su derecho. El Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York incluye entre la legislación que vulnera el derecho al voto a “los proyectos de ley que hacen que el registro para votar sea extremadamente difícil, los proyectos que impiden la votación anticipada o en ausencia, los que dificultan a los estudiantes y miembros activos en servicio del ejército registrarse para votar localmente y otros”.

Según cifras estimativas, la población total que podría perder su posibilidad de votar a causa de esta ola de leyes supera los 5 millones de votantes, la mayoría de los cuales se prevé que votarían al Partido Demócrata.