Breves de Los Ángeles y California

Un exinfante de marina acusado de asesinar a cuatro desamparados en el sur de California ha sido vinculado con las muertes a cuchilladas de una mujer y su hijo, dijo ayer la policía de Anaheim.

Los investigadores determinaron que existe una asociación entre el exmarine, Itzcóatl Ocampo, y Eder Herrera, quien está acusado de las muertes de la mujer y su hijo, y se encuentra arrestado, dijo el teniente de la policía Julian Harvey. La policía no dio detalles de esa asociación.

Raquel Estrada y su hijo Juan Herrera fueron asesinados en octubre en Yorba Linda, a menos de 2 millas de la casa de Ocampo. Eder Herrera es el hijo de 24 años de Raquel Estrada y fue arrestado poco después de los asesinatos.

Detectives dijeron el miércoles que vieron similitudes entre las muertes en Yorba Linda y los asesinatos de los cuatro desamparados en diciembre y enero.

Los investigadores se centraron en la gravedad de los ataques, el número y tipo de heridas y la proximidad de la casa de Ocampo al área de las muertes en Yorba Linda.

Las autoridades han vinculado a Ocampo con las muertes de cuatro desamparados: James Patrick McGillivray, de 53 años, que fue acuchillado el 20 de enero en un centro comercial en Placentia; Lloyd Middaugh, de 42, hallado el 28 de diciembre cerca de un sendero en Anaheim; Paulus Smit, de 57, apuñalado en las afueras de la biblioteca de Yorba Linda el 30 de diciembre, y John Berry, de 64, acuchillado el día en que Ocampo fue detenido.

Cada uno de los cuatro hombres fue herido más de 40 veces con un arma que se piensa era un cuchillo militar de 18 centímetros, dijeron las autoridades.

Antes del arresto de Ocampo el 13 de enero, la policía había peinado el área, mejor conocida por ser hogar de Disneylandia y de lujosas casas junto a la playa, para instar a los desamparados a ser cuidadosos y refugiarse en albergues.

Ocampo está acusado de cuatro cargos de homicidio premeditado.

La Patrulla Fronteriza detuvo a 14 presuntos inmigrantes no autorizados después de que una panga para contrabando fue encontrado en la arena de Huntington Beach, informó la agencia.

Steven Pitts, vocero de la Patrulla Fronteriza, dijo al diario Orange County Register que el grupo que se encontraba a bordo de un bote de 24 pies fue trasladado a una estación del departamento. La nacionalidad de los detenidos no fue dada a conocer.

El miércoles, se encontró una canoa de 30 pies abandonada a 200 yardas de Fernald Point en el área de Montecito del condado de Santa Bárbara.

El vocero de la policía, Drew Sugars, dijo al diario Santa Barbara News-Press que los chalecos salvavidas encontrados en la playa sugieren que hasta 20 personas podrían haber estado a bordo.

En meses recientes se ha registrado un incremento de pangas para tráfico de personas y de drogas a lo largo de la costa de California.

Autoridades informan que cinco personas han sido acusadas en Los Ángeles en relación con una banda de contrabandistas de personas que usaba conductores afroamericanos que no hablan español para transportar inmigrantes indocumentados desde la frontera para evitar ser detectados.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informa que María López-Díaz, de 60 años, de Compton, y otras tres personas fueron arrestadas ayer por cargos relacionados con el transporte de inmigrantes indocumentados en compartimentos especiales y cajuelas de automóviles.

Las autoridades dijeron que López-Díaz reclutó conductores negros del sur de LA que no hablan español con la esperanza de que no resultaran sospechosos para los funcionarios en la frontera.

Los funcionarios dicen que la banda transportó a decenas de inmigrantes ilegales a Los Ángeles cada mes durante 2010.

Estaba programado que López-Díaz, dos familiares y un conductor sospechoso comparecieran ante un tribunal federal el jueves de tarde. Otro conductor sospechoso se encontraba prófugo.

Palmdale aceptó un acuerdo en un juicio en que se lo acusa de discriminación racial en proyectos de viviendas para personas con bajos ingresos.

El Consejo de la Ciudad aprobó esta semana un trato para que se retire una demanda en su contra presentada el año pasado por la NAACP y la Liga de Acción Comunitaria.

En la demanda se asegura que funcionarios en Palmdale y Lancaster usaron programas de exigencia de cumplimiento de leyes para acosar e intimidar a negros e hispanos que viven en viviendas subsidiadas por la Sección 8. Las ciudades de Antelope Valley negaron haber cometido faltas.

Sin embargo, Palmdale acordó no seguir usando fondos de la ciudad para pagar un investigador de las viviendas de Sección 8. En vez de ello, el Condado de Los Ángeles se hará cargo de la tarea.

En una declaración, el alcalde de Palmdale Jim Ledford dice que la ciudad condena cualquier forma de discriminación.

La demanda contra Lancaster seguirá adelante.