Acusan a ICE de otra deportación errónea

Un hombre que por 39 años estuvo viviendo de manera legal en Estados Unidos, con legítimo Seguro Social, respectiva “Green Card” y récord criminal limpio; fue deportado a México porque la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no revisó todas las bases de datos para confirmar que se trataba de un caso de robo de identidad, denunció su abogada.

Ramiro Fonseca, de 64 años, durante una conferencia de prensa con su abogada Jessica Dominguez en las oficinas de Los Angeles CHIRLA para denunciar procedimientos de inmigración.

Ramiro Fonseca, de 64 años, durante una conferencia de prensa con su abogada Jessica Dominguez en las oficinas de Los Angeles CHIRLA para denunciar procedimientos de inmigración. Crédito: Aurelia Ventura / La Opinión

Un hombre que por 39 años estuvo viviendo de manera legal en Estados Unidos, con legítimo Seguro Social, respectiva “Green Card” y récord criminal limpio; fue deportado a México porque la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no revisó todas las bases de datos para confirmar que se trataba de un caso de robo de identidad, denunció hoy su abogada.

Es la historia del mexicano Ramiro Fonseca, originario de Tamazula, Jalisco, de 64 años; a quien el 5 de agosto de 2009 lo sacaron de su casa para enviarlo a Tijuana, donde pasó 105 días viviendo en la pobreza y a merced de los policías locales que en par de ocasiones le quitaron el poco dinero que tenía.

El 1 de junio de 1995 las autoridades de inmigración detuvieron en la frontera a un hombre que traficaba 30 kilos de marihuana y que se identificó con la tarjeta de residente permanente que años atrás había perdido el señor Fonseca.

El delito quedó registrado en la base de datos del gobierno federal, lo que llevó a ICE a suponer que Ramiro Fonseca debía ser deportado.

“Les decía que yo no era a quien buscaban, pero no me hacían caso”, comentó Fonseca al dar a conocer su caso.

Después de su peregrinar por las calles de Tijuana, Fonseca obtuvo una “Green Card” de otra persona para presentarse en la garita de San Ysidro.

“Yo lo único que quería era llamar la atención de los agentes de inmigración, que me escucharan”, mencionó.

Fue entonces cuando al someter los datos de Fonseca en el sistema de almacenamiento de imágenes conocido como ISRS, se descubrió que la persona arrestada con la droga era otra.

Pero en esta ocasión fue acusado de intentar entrar al país de manera ilegal y fue sometido a otro proceso de deportación.

De acuerdo con la abogada Jessica Domíguez, quien representa a Fonseca, las autoridades no hicieron su trabajo al no revisar todos los sistemas de base de datos con los que cuentan.

“Aunque te digan si es o no cierta persona y ante la situación que vivimos en estos momentos, es responsabilidad de cada oficial de ICE de chequear todos los bancos de datos antes de arruinarle la vida a una persona”, dijo la abogada.

Un reporte reciente de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) registró que de 2008 a 2011 al menos 3,600 ciudadanos estadounidenses han sido retenidos por ICE y varios de ellos deportados erróneamente.

Para la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) hay muchos casos de personas que de manera equivocada han sido deportadas y que no se están dando a conocer.

“Este caso representa otro error más de ICE, pero esta vez lo cachamos, nos dimos cuenta del error, pero hay otros casos en que las vidas de esas personas están siendo arruinadas”, mencionó Jorge Mario Cabrera, portavoz de CHIRLA.

A parte de pedir disculpas, consideró Cabrera, ICE debería reactivar sus procesos de cómo identifican a los supuestos criminales.

En este caso, agregó Cabrera, el comportamiento criminal es de ICE: “Porque a pesar de que se ha reconocido el error y que un tribunal ha ratificado la falla, todavía buscan apelar y continuar arruinándole la vida a un residente permanente”.

Virginia Kice, vocera de ICE, dijo que se trata de un caso complicado que tiene asuntos legales que no se han aclarado, por lo que aún están analizando una posible apelación.

El ICE tiene de plazo hasta el 5 de marzo para apelar el alto a la deportación que la semana pasada ordenó la jueza Joyce Bakke Varzandeh.

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