Drogas: Los cascabeles de la serpiente

El fin de la Guerra Fría conllevó la desaparición del sueño utópico del socialismo real y del mundo bipolar de las dos superpotencias originando un reacomodo geopolítico que dio la impresión de un mundo unipolar bajo la égida de Estados Unidos.

Sin embargo, nuevos actores y nuevas amenazas mundiales han surgido en la posguerra Fría, desplazando el centro de poder planetario hacia fenómenos periféricos como el terrorismo islámico fundamentalista y, en el caso de Latinoamérica, el narcotráfico.

Lo que está en juego son multibillonarios intereses económicos, representados por los ingresos del tráfico de droga hacia Estados Unidos y sus efectos colaterales como la consolidación de estructuras militares del crimen organizado, el narcomenudeo y el consumo de drogas en los países que son ruta hacia el norte, el proxenetismo y la prostitución, el tráfico de emigrantes ilegales, la proliferación de las pandillas, la industria del sicariato o el florecimiento de paraísos fiscales. Elementos que ponen en riesgo los cimientos de cualquier Estado, al grado de que hay peligro de que países como México, Guatemala, Honduras o El Salvador se conviertan en narcoestados o, cuando menos, en Estados fallidos.

Los carteles de la droga, tanto mexicanos como colombianos, son una tenaza de acero que se cierra lenta e inexorablemente sobre el corredor centroamericano asfixiando todo aquello que sea un obstáculo para sus nefastos intereses.

El narcotráfico se ha convertido, parafraseando a Karl von Clausewitz, en la continuación de la política y de la guerra por otros medios.

No es primera vez que ello ocurre en la historia. Recordemos las Guerras del Opio anglo-chinas libradas en el siglo XIX, el monopolio del Triángulo de Oro en Tailandia, Laos y Camboya por parte de los generales norvietnamitas durante la intervención estadounidense en Indochina, la ruta del opio desde Afganistán y Pakistán, controlada por los talibanes para financiar sus actividades terroristas, ya no se diga el posible vínculo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o de Sendero Luminoso, del Perú, con el cultivo y la explotación de la producción de cocaína.

Tan grande es la amenaza, que incluso actores marginales como el Presidente Daniel Ortega de Nicaragua salió beneficiado, ya que logró negociar a buen precio la entrega de misiles de fabricación soviética tierra-aire, a los Estados Unidos. Los estrategas norteamericanos temían, no de que terminaran en poder de las FARC, donde al parecer tienen controlado este rubro, sino a manos de los carteles de la droga del norte de México, que de esa forma podrían derribar helicópteros y aviones espías de la agencia antidrogas de Estados Unidos.

En todos los casos, el principal actor es el Ejército, regular o irregular.

Este es el verdadero dolor de cabeza para los expertos estadounidenses que ven la inestabilidad ocasionada por el narcotráfico en México y Centroamérica como una amenaza a la seguridad nacional de lo que consideran el patio trasero de Estados Unidos.

Sobre todo en México, y se está tratando de implementar en Guatemala, se ha tomado un modelo de combate al narcotráfico en el cual el Ejército carga con todo el peso de la lucha, con resultados no tan satisfactorios, pues han multiplicado las cabezas de la hidra. Esto demuestra que solo mano de hierro no basta en esta guerra asimétrica, y que son necesarias acciones políticas y cambios estratégicos de visión global del problema. Una de ellas: el combate al consumo de la droga en el propio terreno de Estados Unidos, el principal consumidor de estupefacientes a escala mundial.

Una política de regulación y abastecimiento de las drogas en dicho país, podría contribuir grandemente a solucionar el problema, pues como lo dejó ya establecido Carlos Marx, a mayor demanda mayor oferta, el mercado se rige por la máxima multiplicación de sus ganancias. En este caso, mayor producción cocalera, de adormideras, de marihuana y otras hierbas, en el sur, para abastecer el ávido mercado del norte.

El Salvador no escapa al modelo de potenciar a los militares. Tras de esta política incluso se esconden las pretensiones presidenciales del general David Murguía Payes, Ministro de Seguridad Pública, toda vez que quien logre resolver el problema de la inseguridad ciudadana tiene prácticamente ganadas las elecciones presidenciales.

Los últimos cambios en materia de seguridad pública, organismos de inteligencia, oficinas aduaneras y de migración, así como en la Policía estatal, llevan como objetivo central posicionar al Ejército en dicho rol, lo cual constituye una prueba de fuego para una incipiente democracia como la nuestra. Esperemos pasarla satisfactoriamente.