Hacendados hispanos de Nuevo México ganan peso político

SANTA FE, Nuevo México, EEUU (AP) — Rechazados e ignorados durante mucho tiempo, los hacendado hispanos y otros descendientes de personas a las que les concedieron tierras están mostrando su peso político en Nuevo México.

En años recientes, los activistas han persuadido a los legisladores estatales de que aprobasen la creación de nuevos pueblos a partir de los límites de los terrenos cedidos hace 200 años. Han organizado foros en todo el estado y han recaudado fondos para una importante demanda contra el Servicio Forestal de Estados Unidos por disputas de tierras que llevan mucho tiempo.

Además, los nuevos grupos políticos cuestionan a las autoridades federales con cartas, peticiones y protestas sobre temas que van del pastoreo a la madera.

Es un cambio dramático respecto de hace 45 años, cuando un grupo de frustrados hacendados mexico-estadounidenses tomaron por asalto una corte en Tierra Amarilla después de que las autoridades arrestaron a activistas por reunirse para tratar temas relacionados con la concesión de tierras.

“Pienso que las personas solían verlos como un grupo de garroneros y majaderos que querían algo a cambio de nada”, dijo Mike Scarborough, un abogado jubilado de Santa Fe y autor de “Trespassers on Our Own Land” (Intrusos en nuestra propia tierra), un libro publicado hace poco que aborda el movimiento a favor de la concesión de tierras. “Pero ya nos los ven así y sus intereses están ganando prominencia”.

David Sánchez, un hacendado de 52 años del Valle de Chama, dijo que los estancieros y descendientes de aquellos que recibieron tierras conocen sus derechos y están más organizados para defender lo que ven como la continua discriminación desde la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que terminó con la guerra entre México y Estados Unidos.

“Estos son jóvenes que están educados”, dice Sánchez. “Hemos superado las reacciones intempestivas”.

Durante años, los activistas que defienden las concesiones de tierras han acusado al gobierno estadounidense de robar millones de hectáreas a latinos después de la guerra entre México y Estados Unidos. El gobierno prometió en el Tratado de 1848 respetar las tierras privadas, incluyendo los terrenos concedidos por los gobiernos de México y España.

Sin embargo, el gobierno estadounidense no reconoció muchos de los terrenos cedidos en Nuevo México y las cortes rutinariamente han desestimado quejas presentadas por familias hispanas desplazadas.

Fue hasta 1967 que el tema ganó atención internacional, cuando el líder del Movimiento Chicano Reies López Tijerina y una banda de seguidores armados asaltaron el tribunal en Tierra Amarilla. El grupo quería realizar un arresto ciudadano del entonces fiscal de distrito Alfonso Sánchez después de que ocho integrantes del grupo de Tijerina fueron detenidos unos días antes.

Sánchez no estaba en la corte en ese momento. Pero durante la toma del edificio judicial el grupo disparó e hirió a dos policías, golpeó a un oficial y se llevaron como rehenes al alguacil y a un reportero, quienes más tarde lograron escapar.

Con la ayuda de la Guardia Nacional, Tijerina fue arrestado y pasó casi tres años en prisión. Los activistas dicen que ese episodio arrojó luz sobre los temas que rodean a la concesión de tierras.

Moisés Morales, de 65 años y habitante del condado Río Arriba, era un adolescente cuando participó en el asalto a la corte. Hoy, dijo, el movimiento ha cambiado las pistolas por expedientes legales.

“Estamos armados con conocimiento y educación”, agrega. “Antes no teníamos eso”.

En enero Morales y un grupo de rancheros en el norte de Nuevo México demandaron al Servicio Forestal de Estados Unidos por su decisión de limitar el pastoreo en áreas históricas de tierras concedidas.

La demanda, que los hacendados dicen tomó dos años preparar, se enfoca en una decisión tomada en 2010 por Diana Trujillo, guardabosques del distrito de El Rito, para disminuir el pastoreo en casi una quinta parte de los terrenos de la Mesa Jarita y Alamosa que habían sido asignados para ello y que forman parte de un área reconocida por el gobierno federal para recibir un trato especial en beneficio de los herederos de tierras en cuestión.

Ellos dicen que la política del Servicio Forestal de 1972 que surgió después del asalto a la corte señala la relación que los residentes hispanos del norte de Nuevo México tienen con la tierra y declara que hay que tomar en cuenta la cultura cuando las instituciones establecen objetivos y políticas.

El Servicio Forestal se negó a opinar sobre el litigio en curso.

Felipe Martínez, comisionado del condado Río Arriba que se unió a la demanda, consideró que el asunto va más allá del acceso y el pastoreo. “Involucra cultura y tradición”, agrega.