Autodeportación empeora calidad de vida
La entidad Centro para el Progreso Americano aseguró ayer que las legislaciones antiinmigrante desarrolladas por algunos estados no provocan que los ciudadanos vuelvan a su país de origen, la llamada "autodeportación", sino que empeoran su calidad de vida en EEUU.
Los indocumentados no quieren informar de abusos por parte de autoridades. Crédito: EFE
Washington/EFE – La entidad Centro para el Progreso Americano aseguró ayer que las legislaciones antiinmigrante desarrolladas por algunos estados no provocan que los ciudadanos vuelvan a su país de origen, la llamada “autodeportación”, sino que empeoran su calidad de vida en EEUU.
La coordinadora de la investigación, Leah Muse-Orlinoff, aseguró en conferencia telefónica que “el retorno no tiene ningún sentido económico ni emocional cuando la gente tiene familiares en EEUU, hijos que van a la escuela estadounidense, conexiones con gente en este país y en sus comunidades de origen no hay trabajo ni oportunidades de progreso económico”.
La investigadora de la Universidad de California destacó la importancia de las familias cuyos hijos ya tienen la ciudadanía estadounidense y remarcó que no se ha constatado un significante retorno a los estados de origen en los últimos meses, sino “un paso a la economía informal y a la sombra”.
“Cuando hablamos de ‘autodeportación’, debemos pensar que implica una decisión que no está hecha desde el aislamiento, sino por padres y madres con hijos que forman parte de esta nación”, alegó la autora de la investigación hecha para el Centro para el Progreso Americano.
Para Muse-Orlinoff, retornar al país de origen es “increíblemente difícil”, nada esperanzador y la perspectiva de volver a entrar en un futuro a EEUU es “extremadamente cara y peligrosa”.
La entidad progresista advirtió que las leyes antiinmigrante provocan un empeoramiento de la calidad de vida de una parte de los ciudadanos hispanos, una constante movilidad y una creciente desconfianza en los cuerpos policiales.
“Muchas veces gente indocumentada es etiquetada como criminal, pero son personas que trabajan muy duro”, aseguró Lourdes Villanueva, del centro de apoyo social RCMA de Florida.
Según Villanueva, el inmigrante afectado por estas legislaciones “siente que constantemente debe estar moviéndose para no ser detectado por los sistemas de control” y teme informar a la policía de cualquier problema de seguridad.
Paco Balderrama, del Departamento de Policía de la ciudad de Oklahoma, también subrayó este distanciamiento de la comunidad latina de las fuerzas de seguridad por temor a ser denunciados y deportados.
“Tienen miedo del Departamento de Policía, no quieren llamarnos, no quieren informar de un crimen sea el que sea, lo que hace que sufran”, testimonió Balderrama ante la prensa.
El estudio presentado por la plataforma progresista se centró en Oklahoma, pero también reflejó las realidades de los inmigrantes indocumentados en Georgia, Alabama y Arizona.
La ley SB1070 de Arizona se convirtió en la primera en el país en criminalizar a los indocumentados y causó un cierto efecto dominó en EEUU con la aprobación de normas similares en cinco estados más, según recapituló el pasado enero el Consejo Nacional de La Raza (NCLR). Este organismo denunció una supuesta “crisis humanitaria” en Arizona, porque hay familias que dejan el estado y otras a quienes se les niegan servicios básicos.
