La salud de los candidatos

Cuando una persona contrata un seguro médico, entre las preguntas centrales que tienen que responderse están las enfermedades de las que ya han padecido, pues caso de que se presenten nuevamente, el seguro no pagará ni su tratamiento ni su hospitalización, y en algunos trabajos se exigen también los antecedentes médicos para determinar si dan el empleo. Nadie quiere caminar en la oscuridad hacia el futuro con alguien con quien se compromete, y conocer el estado de salud es un prerrequisito para el compromiso. Si la vida cotidiana es así, ¿por qué entonces la salud de los precandidatos presidenciales tiene que ser un secreto de Estado?

El dilema es universal, y la discusión histórica. En México es un tabú, y sólo hasta que la Presidencia anunció que Vicente Fox sería intervenido de la columna vertebral –no se sabe qué tan motivado por la necesidad de enviar un mensaje a Washington para explicar por qué no le había tomado las llamadas al presidente George W. Bush que le iba a pedir su voto para invadir Irak-, una parte de ese velo comenzó a caer. Aun así, son muchas las reticencias para que la salud de los políticos sea transparentado y sirva como variable adicional para el votante en el momento de hacer su elección.

La discusión enfrenta dos puntos de vista: el ético, que se funda en el Juramento de Hipócrates sobre la privacidad del estado de salud, y el político, centrado en la necesidad democrática de un elector a estar informado. Los dos tienen sustento sólido, y encontrar el punto de convergencia siempre ha sido un problema.

Boris Yeltsin, por ejemplo, fue electo presidente de Rusia sin que sus electores supieran que tenía problemas cardíacos y un alcoholismo que le provocaba depresión crónica, por lo que desaparecía por días sin saberse aún quién gobernaba. Francois Mitterand asumió la Presidencia de Francia sin decirle a nadie que tenía cáncer de próstata, y gobernó durante 14 años pese al dolor de la metástasis. ¿Qué tanto afectó ello el proceso de toma de decisión?

Franklin D. Roosevelt no podía caminar por el polio, y pese al dolor de la enfermedad –mantenida en secreto-, condujo a Estados Unidos a buen puerto durante la Gran Depresión y se convirtió en uno de los mejores presidentes en la historia de ese país. John F. Kennedy también guardó en secreto su Enfermedad de Adison, que es cuando las glándulas suprarrenales no producen una cantidad suficiente de hormonas, y no se sabe qué tanto pudo haber afectado sus decisiones porque fue asesinado a la mitad de su gobierno. Candidatos a la Casa Blanca escondieron sus enfermedades –como Paul Tsongas en 1992-, y otros las revelaron –como John McCain, que perdió la Presidencia con Barack Obama-.

Desde un punto de vista de transparencia y ética política, los candidatos presidenciales tendrían que regirse por el principio del derecho del ciudadano a estar informado, sobretodo porque al ejercer su voto entrega un mandato a esa persona para que tome decisiones colectivas en nombre suyo. Nadie quiere vivir la experiencia de elegir a alguien que por razones de salud ocultas en el momento de la elección, sea disfuncional o deje las decisiones a alguien indeseado por el elector.

Todos los ciudadanos tienen el derecho de tener vida privada, pero cuando buscan un puesto público, hay cosas que tiene que abrir, como su salud. Es importante, por ejemplo, saber con certeza si la panista Josefina Vázquez Mota resolvió definitivamente sus problemas nutricionales, o si el perredista Andrés Manuel López Obrador tiene en efecto divertículos –que sus cercanos niegan-. Es relevante también conocer en qué estado de salud se encuentra el priista Enrique Peña Nieto, y todos aquellos que aspiran a un cargo de elección popular.

Habrá quien piense que es innecesario y excesivo pedir a los candidatos su hoja de salud, pero la pregunta es si quieren votar en la oscuridad sin importarles si está en condiciones de hacer campaña o de gobernar. Las experiencias mundiales dieron resultados mixtos, y habrá que piense que la salud de los políticos, aunque con sus afectos afecten a una sociedad o a un país, debe seguir siguiendo un asunto particular. Depende de qué tan ciego esté dispuesto uno a ir a la urna el primero de julio.