Celebran la decisión del tribunal

José Angel Vargas, jornalero que forma parte de una demanda de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, celebró ayer la decisión de la jueza federal Susan Bolton de frenar parte de la SB 1070 que prohibía buscar empleo en las calles."Si la jueza lo anuló esperemos que la policía cumpla. No se sabe nunca con la policía", opinó Vargas.

Jornaleros durante su reunión nacional en el centro de Los Ángeles.

Jornaleros durante su reunión nacional en el centro de Los Ángeles. Crédito: Ciro César / La Opinión

PHOENIX, Arizona.- José Angel Vargas, jornalero que forma parte de una demanda de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, celebró ayer la decisión de la jueza federal Susan Bolton de frenar parte de la SB 1070 que prohibía buscar empleo en las calles.”Si la jueza lo anuló esperemos que la policía cumpla. No se sabe nunca con la policía”, opinó Vargas.

El 28 de julio de 2010, un día antes de que la controversial ley entrará en efecto, la jueza bloqueó una parte que convertía en delito estatal ser un inmigrante indocumentado.

Pero un aspecto de la SB 1070, que prohibía solicitar empleo en la vía pública entró en efecto impactando la vida diaria y el bolsillo de jornaleros como Vargas. “La policía desde entonces ha estado más en las calles espantándonos,” dijo Vargas, de 54 años, quien es residente legal de Estados Unidos.

“Tiene uno que irse porque sino se lo llevan a uno arrestado”.

Salvador Reza, un activista de la organización Tonatierra que además coordina un centro de jornaleros en Phoenix, explicó que la policía de esa ciudad y Chandler realizaba redadas periódicas. Aseguró que si veían a un jornalero en la acera entrando a una tienda lo arrestaban por entrar a propiedad privada.”Muchos de ellos fueron deportados”, dijo Reza.

Pese al bloqueo original de la SB 1070 que criminalizaba a los inmigrantes indocumentados, Reza afirmó que de todos modos en las calles los policías “racistas” siguen usando la ley como una excusa para detener, cuestionar y arrestar personas.

“Lo que tenemos que hacer ahora es una campaña para educar al jornalero de que están protegidos en la banqueta, pero no están protegidos en la propiedad privada, ahí es donde agarran a la mayoría”, afirmó.

La reciente decisión de la jueza Bolton de frenar varias partes de la ley podría ser revertida por la Corte Suprema que el próximo 25 de abril celebrará una audiencia para decidir si la ley debe entrar en efecto o no.

El máximo tribunal aceptó el caso después de que la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer sometiera una apelación a una decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de continuar con el bloqueo de partes de la SB 1070.

“Quizás está sea una parte que la Corte Suprema elimine en la ley SB 1070”, opinó Reza. “La Corte Suprema va a ver más que todo lo que compete al gobierno federal y al estado. No creo que le permitan a los estados hacer sus propias leyes”.

Vargas dijo que la ley afectó tanto a las personas con documentos como a los que no los tienen, puesto que la policía les impedía pararse en la calle a buscar empleo en una época que se ha vuelto más difícil encontrar un empleo fijo por la economía.

“Yo tengo que trabajar y llevar dinero para mi casa. Yo tengo que salir a buscar trabajo en la calle, no me van a tocar las puertas de mi casa para ofrecerme trabajo,” concluyó.

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