Terror entre los latinos

Dentro de la lista de promesas incumplidas de Barack Obama, sobresale una que lastima de manera muy especial a la comunidad latina: que dejara de deportar a indocumentados sin antecedentes penales.

Hace unos días, en Washington, varios grupos de activistas denunciaron lo que todos atestiguamos día con día: que los latinos sin papeles para residir legalmente viven en un auténtico estado de terror debido a la aplicación errónea de programas federales como “Comunidades Seguras”.

Como lo expresó Patty Kupfer, del Fondo para la Voz Americana en la Educación, lejos de ofrecer seguridad y protección, este programa lo único que genera es temor hacia la policía y deteriora la confianza en las comunidades puesto que incluso la denuncia de un delito puede conducir a la deportación de cualquier persona sin papeles, aun cuando no tenga ningún antecedente criminal.

El programa, por otra parte, tiene claros tintes raciales. Un estudio de la Universidad de Berkeley en California encontró que el 93% de las personas deportadas son de origen latino.

En muchas ocasiones, estas personas son trabajadores honestos plenamente arraigados en Estados Unidos, como lo ilustra el caso de Blanca Cárdenas, una madre de familia indocumentada que está detenida en la cárcel de mujeres de Lynwood y enfrenta una posible orden de deportación por el pecado de tratar de defender su vivienda de un embargo hipotecario.

Cárdenas, según han denunciado su familia, fue arrestada el pasado 22 de febrero cuando se resistió a dejar la casa que ha ocupado con sus hijos durante los últimos ocho años. Pese a que la joven madre no es una criminal, la policía la entregó al ICE debido a que hace diez años fue acusada de allanamiento, un delito menor que usualmente la policía castiga sólo con una multa. Por esta razón, la mujer se encuentra detenida sin derecho a fianza hasta que tenga lugar su audiencia de inmigración.

Por fortuna, la familia de Cárdenas no se ha cruzado de brazos y ha recurrido a grupos de activistas como Hermandad Mexicana y Occupy LA, para atraer la atención de los medios y de la comunidad. La abogada que se ha hecho cargo de defender a Cárdenas, Isabel Rodríguez, asegura que el argumento más fuerte para liberarla es que es una de las 300 mil inmigrantes cuyos casos no tienen prioridad de acuerdo con un decreto federal emitido por la Casa Blanca en 2011.

Sin embargo, la abogada advierte que, debido a que las ruedas de la justicia se mueven de manera lenta para el 99% de la población que no tiene recursos económicos ni relaciones políticas, se necesitará hacer mucha presión mediante faxes, correos electrónicos, protestas y cabildeo para liberar a Cárdenas.

Este caso ha generado ya muchas protestas y por ello es posible que tenga un desenlace feliz. Pero no todos corren con la misma suerte. Diariamente cientos de inmigrantes son separados de sus familias y sufren lo indecible sin que nadie alce la voz por ellos. ¿Hasta cuándo terminará este calvario y cumplirá su promesa señor presidente?