El jefe de la Policía de Los Ángeles (LAPD), Charles Beck, dijo ayer que confía que en un mes los indocumentados que cumplan con ciertos requisitos puedan recuperar al día siguiente un coche que la corporación les confiscó por manejar sin licencia.
Todo dependerá, aclaró el funcionario, del entrenamiento que se brinde a los casi 10,000 agentes acerca del cambio de procedimiento y del debate que ocurrirá en unos días en el Cabildo, el último filtro del plan. El martes la Comisión de Policía lo aprobó al considerarlo un acto de “compasión” y “humanidad”.
Beck espera que los conductores que no han sido condenados por manejar sin licencia eviten en varias ocasiones que sus autos sean incautados por 30 días, castigo por el cual pagan 1,500 dólares.
La Liga Nacional de Abogados (NLG) ha reclamado que dicha propuesta ofrece una sola oportunidad para recuperar un vehículo del corralón, ya que los policías seguirán emitiendo citaciones para presentarse en la corte por conducir sin licencia, con lo cual dejan un precedente penal.
“Si ellos han cometido un delito menor probablemente sólo tendrán una oportunidad, pero eso no pasará siempre. Eso, por supuesto, depende de la corte”, comentó ayer Beck en un encuentro con medios de comunicación en las oficinas centrales del LAPD.
El jefe policiaco reiteró que su iniciativa, que ha despertado sentimientos antiinmigrantes, es un asunto de “justicia” y, sobre todo, de seguridad pública, porque no impone decomisos extendidos a los coches de los indocumentados, a cambio de que éstos porten identificación apropiada, seguro y registro vehicular, no tengan antecedentes penales y traten de no involucrarse en accidentes graves.
El LAPD, sin embargo, ha mostrado más severidad que otras ciudades de California al no conceder tiempo para que una persona con licencia pueda tomar control de un automóvil. Solo lo permitirá si el coche es detenido cerca del domicilio del dueño registrado del mismo o si uno de los pasajeros porta una licencia válida.
Por otro lado, Beck insistió en la necesidad de que el gobierno del estado vuelva a otorgar licencias de manejo a quienes carecen de un estatus magratorio. “No veo la lógica de porqué alguien preferiría que la persona que conduce a un costado haya pasado un examen de manejo, tenga seguro vehicular y tenga identificación adecuada, en lugar de que no. No tiene sentido”, explicó Beck.
El jefe Beck tiene la esperanza de que el Cabildo, que no definiría el rumbo de su propuesta, al tratarse de un cambio de procedimiento y no de política, también le dará el visto bueno.
No será tan fácil. Dos concejales, Bernard Parks y Mitch Englander, la ven como una amenaza para la seguridad y las arcas de la ciudad; al tiempo, el Sindicato de Policías (LAPPL) no ha dejado de advertir que elevaría la cantidad de fatalidades en las carreteras.
“No se está tomando la seguridad pública con seriedad”, expresó Don Rosenberg, un residente del Valle de San Fernando, cuyo hijo murió atropellado por un chofer sin licencia.
Para Antonio Bernabé, organizador de la Coalición Pro Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), el constante acecho de la policía ha mermado la confianza en la comunidad latina. “Miles de familias en Los Ángeles están siendo afectadas por estas leyes [decomisar autos por 30 días]”, dijo.
Ayer, el jefe del LAPD dijo que una de sus mayores preocupaciones es la polarización que ha originado este debate.
“Para mí ésta es una discusión directa sobre seguridad pública, sobre hacer lo que pueda como jefe de la Policía para asegurar la responsabilidad de la gente cuando manejan en Los Ángeles, y que mis agentes sean justamente equitativos en toda la ciudad”, subrayó.
