Cuestiona fallo de La Haya
Correa cuestiona arbitraje de ONU en caso Chevron
Abogado Pablo Fajardo anunciaba ayer que presentará acciones legales para intentar embargar barcos de Chevron que pasen por el canal de Panamá. Crédito: EFE
QUITO, Ecuador (AP).- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, consideró que la solicitud del Tribunal de Arbitraje de La Haya de suspender una sentencia en contra de la estadounidense Chevron-Texaco, condenada por una corte local al pago de más de 18,200 millones de dólares por daños ambientales, responde a los intereses de la petrolera.
“Esa gente con su poder ha movido burocracias internacionales y ahora un centro de arbitraje de las Naciones Unidas, invocando el Tratado de Protección de Inversiones Recíprocas… pide que se suspenda la sentencia para ellos examinar el caso”, expresó Correa durante su programa sabatino de radio y televisión.
Es “gravísimo” que se invoque un tratado que está vigente desde 1997, cuando la compañía terminó sus operaciones en Ecuador en 1992, añadió.
“Ese es el poder del gran capital” que “está moviendo a la propia ONU para hacer una monstruosidad jurídica en función de sus intereses”, denunció Correa.
Vicente Peralta, subsecretario Jurídico de la Presidencia, calificó como “una aberración jurídica haber aplicado este criterio de retroactividad” en favor de la compañía.
El vocero de Chevron, James Craig, no respondió de inmediato las llamadas de AP para que comentara las críticas del mandatario ecuatoriano.
La Corte de Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana, consideró que la transnacional estadounidense es culpable de daños ambientales provocados durante su operación en el país andino entre 1972 y 1990, por lo que la condenó al pago de 18,200 millones de dólares, tras un juicio que inició hace casi dos décadas.
Recientemente el Tribunal de Arbitraje de La Haya se declaró competente “para proceder a la etapa de fondo de este procedimiento de arbitraje”, solicitado por Chevron en 2009, argumentando que Ecuador no respetó el tratado de inversiones ni respetó un acuerdo de liberación de obligaciones ambientales suscrito con el estado en la década de 1990, cuando salió del país.
