Demandan gasto social, no cárceles
Los manifestantes expusieron que California ocupa el primer lugar de todos los estados del país en presupuesto carcelario, y el 48 en educación.
Manifestantes ayer frente a la sede de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles. Crédito: Ciro Cesar / La Opinión
Al considerar que no es necesario gastar en un plan de expansión de cárceles, un grupo de activistas pidió ayer a la Junta de Supervisores de Los Ángeles que rechace el dinero que el estado estará destinando este jueves a 20 condados a través de la ley AB 900.
Grupos como Californians United for a Responsible Budget (CURB) y Youth Justice Coalition (YJC) se manifestaron a las afueras de la Junta de Supervisores durante la sesión de ayer, aunque el tema no estaba en la agenda del día, para insistir que el dinero de los contribuyentes debe ser gastado en programas sociales y educativos para reducir la criminalidad y la reincidencia delictiva.
“No necesitamos construir más, hay espacio suficiente en las actuales cárceles”, dijo David Chávez, organizador de YJC.
“En tiempos de crisis económica no es necesario gastar recursos en más cárceles, sino en programas sociales”, agregó. “Estamos aquí para mantener la presión en los supervisores, porque cada semana están revisando el plan de reajuste de prisiones y queremos que les quede claro que no lo apoyamos”.
Sin embargo, el supervisor Don Knabe explicó que se trata de recursos que la Legislatura de California ya aprobó y que sería muy tonto no aceptar ese dinero para realizar mejoras al sistema carcelario del condado.
“El asunto es que vamos a recibir más prisioneros, es un necesario hacer mejoras en nuestro sistema carcelario, el reajuste carcelario requiere de nueva infraestructura, entiendo lo que están pidiendo, pero al final del día necesitaremos más cárceles”, mencionó Knabe.
“La legislatura ya aprobó esos recursos, es parte de un programa de reestructuración que nos ayudará con ese reajuste, sería insensato no aceptarlo, sería muy tonto regresarlo y decirles que nos manden otro tipo de dinero”, recalcó.
Mary Sutton, representante de CURB, indicó que el pasado 24 de enero la Junta de Supervisores le dio permiso al Sheriff Lee Baca para solicitar recursos por 100 millones de dólares dentro de ese fondo recién creado a través de la AB 900 y destinarlos a la construcción de cárceles.
Sin embargo, Sutton estableció que ese dinero es un préstamo y que los contribuyentes del condado estarán pagando al doble.
La idea, explicó, es pedir una enmienda a la AB 900 para que ese dinero sea utilizado en la construcción de clínicas, escuelas, viviendas, centros de tratamiento por drogas, y programas de reinserción social para quienes salen de prisión.
Los manifestantes expusieron que California ocupa el primer lugar de todos los estados del país en presupuesto carcelario, y el 48 en educación.
Esa práctica de encarcelar y gastar dinero en el sistema penitenciario, en lugar de buscar alternativas de arresto y de prevención del delito, ha impedido que el estado pueda ofrecer de manera adecuada servicios comunitarios, criticaron las organizaciones.
