Libran batalla contra USCIS

Veteranos de guerra exigen cambios en beneficios migratorios para familiares
Libran batalla contra USCIS
Guadalupe Acosta, veterano de las guerras de Irak y Afganistán, explica la situación que enfrentran su esposa y él.
Foto: Aurelia Ventura / La Opinión

Guadalupe Acosta sirvió ocho años en el Ejército de los Estados Unidos, tiempo en el que como soldado fue enviado a la guerra en Afganistán y dos veces más a Irak, pero el sacrificio que hizo por el país parece no ser recompensado.

Hace un año y tres meses se casó con Liliana Llamas López, una mujer indocumentada que llegó a este país cuando tenía 5 años de edad.

Al intentar arreglar el estatus migratorio de su esposa, el soldado Acosta descubrió que existe una política dentro del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) que excluye a los veteranos de guerra de ciertos beneficios migratorios para sus familiares.

Se trata de la autoridad discrecional, llamada “Parole-in-Place” o PIP, que utilizan los oficiales de inmigración para otorgar un perdón a las esposas o esposos de los integrantes de las Fuerzas Armadas por estar en el país ilegalmente.

Sin embargo, ese perdón sólo se otorga a las parejas de quienes están en activo y no a los veteranos de guerra, por lo que Liliana tendría que salir del país para poder solucionar su situación migratoria.

“Eso significa que él se quedaría aquí y yo salir a un país que ni siquiera conozco, toda mi familia y mi vida están aquí, no sé qué haría”, dijo angustiada.

Al soldado Acosta se le hizo un nudo en la garganta de sólo pensar en separarse de su esposa, porque dijo que es ella quien lo apoya en esas noches de insomnio cuando regresan los horrores de la guerra.

“Lo único que queremos es que como veteranos de guerra tengamos esa misma excepción”, mencionó.

Rodolfo Torrentos, quien sirvió cuatro años de sus 31 de edad en el US Navy, está en la misma situación.

Su esposa Oraly, con quien tiene un hijo de tres años, es indocumentada y corre la misma suerte de tener que abandonar el país para pedir ese perdón que le daría el camino a obtener una “green card” o residencia permanente.

“Si tuviera que salir del país, el más afectado sería mi hijo, él es nacido en este país y por ser tan pequeño también tendría que salir”, comentó Oraly.

“Creo que yo tengo el mismo derecho que los soldados en activo, yo también luche por este país y expuse mi vida”, dijo Torrentos. “Ella es mi columna vertebral y queremos que se extiendan los beneficios a los veteranos de guerra, para que yo y mi hijo no nos quedemos solos”.

El caso de Humbertina Carranza es diferente, porque a pesar de que su hija Sandra García aún está en el Army, y que su hijo Marco García cumplió el servicio en el Navy hace apenas tres semanas, ella no alcanza el perdón por tener otro nivel de parentesco, por lo que debería salir del país al menos por diez años.

“Ya mejor me quedaría allá, ya me moriría allá”, comentó resignada doña Humbertina.

La soldado Sandra, de 25 años, dijo que su madre ha sido su apoyo toda la vida, quien a pesar de que no estaba de acuerdo en que se enlistaran en las Fuerzas Armadas, siempre los respaldó.

“Sin su apoyo no hubiéramos logrado lo que hemos logrado”, agregó.

Doña Humbertina llegó a Estados Unidos en 1978, cuando tenía 25 de edad, para dedicarse al trabajo y darle un mejor futuro a sus hijos.

A pesar de que tuvo posibilidades de arreglar sus papeles en la legalización de 1986, dijo que como madre soltera ella estaba más preocupada por sacar adelante a sus cinco hijos, además de que no tenía dinero para hacer el trámite.

La abogada Jessica Domínguez explicó que estos tres casos representan a miles de familias que están pasando por la misma situación debido a las leyes de migración.

“Ellos requieren mucho el apoyo de sus esposas para lidiar con el trauma de la guerra, por ese servicio que le dieron al país, por eso solicitamos al USCIS que haga una excepción para las miles de familias que están en esa situación”, mencionó la abogada.

En Estados Unidos, según datos de la organización America’s Voice citados por CHIRLA, el 11% de los miembros de las Fuerzas Armadas en 2008 eran de origen latino, es decir, alrededor de 150 mil.