Duro de tumbar

Guía de Regalos

La polémica en torno al sheriff de Arizona Joe Arpaio crece día a día. El Departamento de Justicia lo acusa de “discriminación generalizada contra los latinos” y de una amplia gama de violaciones de los derechos civiles. Lo extraordinario del asunto es que Arpaio no sea depuesto ni enfrente cargos criminales.

Arpaio tiene amigos poderosos. El Sheriff ocupa su puesto desde 1993 y ha sido reelegido en cuatro ocasiones. Asegura que su responsabilidad es cumplir con las leyes del estado de Arizona, la ley SB1070, se entiende.

“El Departamento de Seguridad Interior ha sido un viejo aliado y facilitador de Arpaio”, expresó el diario The New York Times.

El procurador de Kansas, Kris Kobach, quien ha trabajado con el Departamento de Justicia lo confirma. Arpaio tiene una “autoridad inherente” para aplicar las leyes de inmigración, al igual que todas las agencias estatales del orden en el país.

Arpaio se debe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el mayor brazo de investigación y ejecución del Departamento de Seguridad Interior (DHS), encargado de la protección de la seguridad pública mediante la identificación y la persecución de “criminales” y “terroristas”, incluyendo los indocumentados, a quienes los persigue implacablemente cuando llegan al país, y se jacta de su presupuesto multimillonario que le permite realizar (operativos de terror) contra gente vulnerable.

Cada redada de ICE involucra a los Federales en el trabajo policial local.

Un estudio del Immigration Policy Center destaca que el alto número de deportaciones se están dando como una consecuencia del incremento entre la cooperación de agencias del orden a nivel local y federal bajo el programa de Comunidades Seguras.

No debe sorprendernos que en el condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, el ‘alguacil más duro del Oeste’ cumpla con su tarea de respetar, al pie de la letra, el espiritu del Departamento de Seguridad Interior .

Arpaio desestimó la política de auto-deportación de indocumentados propuesta por el aspirante presidencial Mitt Romney, y destacó su satisfacción con su récord de 100 mil deportaciones. “Si todos los estados hicieran lo que yo hago, no tendríamos problemas”, puntualizó.

Sin embargo, Arpaio también afronta sus propios problemas. El Departamento de Justicia lo acusó de ejercer una “vigilancia anticonstitucional” y de dejar de investigar más de 400 denuncias de crímenes sexuales -incluidas decenas de abusos de menores- a lo largo de tres años.

Lo que llevó (perdon, obligó) al gobierno federal a suspender su cooperación con Arpaio bajo el programa antinmigrante 287 (g) que supervisa la condición migratoria de personas en prisión. Así como el acceso a datos del programa Comunidades Seguras, que ofrece información federal sobre los detenidos a los condados.

¿Qué había pasado? “El gobierno federal estaba usando a Arpaio como una especie de vitrina para mostrar el ‘pulcro’ funcionamiento del programa 287 (g), que permite que la policía local sea responsable de hacer cumplir las leyes federales de inmigración… pero fracasó miserablemente”, dice Stephen Lemons, reportero del Phoenix New Times.

Arpaio ha prometido no renunciar. Todo lo contrario, anunció que se presentará a la reelección en las próximas elecciones de noviembre

Mientras tanto, en el condado Maricopa, donde se asienta la ciudad de Phoenix, el Sheriff Arpaio continúa con sus funciones. Afirmó que recientemente arrestó a otros 31 hispanos que entraron ilegalmente al país.

“Los arrestamos y la mayor parte los mandamos a la cárcel, no se los entregamos a migración, vamos a seguir haciendo redadas de negocios que contratan ilegales, así que no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo”, remarcó.

Un aspecto que preocupa a la organización Respeto con base en Phoenix, es que la gran mayoría de los indocumentados que son arrestados en estos operativos enfrentan cargos por robo de identidad (como si hubieran robado la identidad de otra persona) un delito mayor que puede complicar sus casos ante una corte de inmigración.

El nombre de Arpaio se convirtió en un sinónimo de las leyes radicales para controlar la inmigración ilegal. Varios candidatos a la presidencia por el Partido Republicano han visitado su despacho en los últimos meses para conseguir su respaldo. Es un ‘símbolo’ de la ultraderecha.

Arpaio es también Comunidades Seguras y Comunidades Seguras es ‘componente esencial’ de la política migratoria del gobierno que con su expansión a nivel nacional ha logrado deportar a más de un millón de inmigrantes indocumentados en dos años y medio, la mayor cifra en la historia.

Comunidades Seguras es, además, la base de un proyecto nacional para la creación de una ‘identificación nacional’ que se avecina.

Para 2013 tambien se viene apresurando la puesta en escena a nivel nacional de E-Verify (Employment Eligibility Verification), incluso para los trabajadores del medio agrícola, que habían sido excluidos del programa.

La medida ya no es propiamente sancionar a los empleadores, es cortarle toda posibilidad al inmigrante indocumentado de obtener trabajo

En consecuencia, lo que todo este escenario nos demuestra claramente es que el fin del Sheriff Arpaio de manos del gobierno es impracticable.

Alberto Ampuero es periodista de Riverside, California. ampueroalberto@yahoo.com