Piden cambio en la política sobre quién receta las medicinas

ALBANY, N.Y. – Representantes políticos de la comunidad negra y organizaciones defensoras de los pacientes presionan a la administración del gobernador Andrew Cuomo para que modifique una medida de recorte que -según dicen- obliga a los neoyorquinos con enfermedades crónicas a usar medicamentos inadecuados.

Su preocupación reside en que la medida, que busca reducir costes en el sistema de Medicaid, permite decidir a los administradores de los seguros de salud, y no a los médicos, sobre los medicamentos que deben tomar los pacientes que sufren enfermedades como sida, artritis o diabetes.

La directiva traslada a los administradores la potestad de otorgar recetas a tres millones de pacientes del Medicaid, para así ahorrar el coste que supone tener que ir al médico para que les dé la prescripción.

“Entendemos la necesidad de recortar en los gastos de las ayudas médicas, pero desaprobamos las dificultades que las personas con menos ingresos están teniendo en los mostradores de las farmacias”, dice un extracto de la carta enviada por ocho asambleístas demócratas, incluido Keith L.T. Wrigh, de Manhattan, uno de los miembros más respetados de la cámara.

Estos políticos argumentan que tienen que ser los médicos, adecuadamente formados, los que receten medicamentos a los neoyorquinos que sufren estas enfermedades, en lugar de que reciban tratamiento a base de medicamentos genéricos de bajo coste.

“Las investigaciones han demostrado que hay diferencias raciales, étnicas y de género a la hora de responder a los tratamientos médicos. Si se mete a todos dentro del mismo cubo en el Medicaid, las disparidades en las enfermedades serán peores en Nueva York”, continúa la carta.

Cuomo defiende su decisión argumentando que la medida ahorrará $50 millones a los contribuyentes este año, según las proyecciones, y otros $100 millones en el siguiente periodo fiscal que comienza el próximo 1 de abril. Su oficina asegura que si introducen los cambios propuestos en la carta enviada por los asambleístas, sólo se ahorraría entre $25 y $30 millones cada año.