PG&E pagará $70 millones a San Bruno

SAN FRANCISCO.- Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) aceptó pagar 70 millones de dólares por concepto de compensación a la ciudad de San Bruno debido a la explosión de la cañería de gas ocurrida en el año 2010, en la que murieron ocho personas en ese suburbio de San Francisco, informaron ayer tanto la empresa como las autoridades municipales.

En una declaración conjunta, PG&E y San Bruno afirmaron que el dinero se usará para crear una organización sin fines de lucro para ayudar a la comunidad a recuperarse de la explosión ocurrida el 9 de septiembre de 2010, que también dejó a docenas de personas heridas y destruyó 38 viviendas.

Los fondos ayudarán a San Bruno a “superar la tragedia y la devastación provocada por la explosión y el incendio de PG&E”, señaló el alcalde Jim Ruane. “Como comunidad y como municipalidad, continuaremos trabajando para garantizar la recuperación total de nuestra comunidad”.

El acuerdo no incluye unas 90 demandas civiles que las víctimas de la explosión entablaron contra la empresa con sede en San Francisco. Hay un juicio programado para el 23 de julio en el Tribunal Superior del Condado San Mateo.

La nueva organización sin fines de lucro determinará la forma en que se empleará el dinero de la compensación para beneficio de toda la comunidad. PG&E realizará el pago de 70 millones de dólares en los próximos 30 días y no buscará recuperar el dinero a través del seguro o de las tarifas impuestas a los usuarios, señalaron las autoridades.

La empresa había establecido previamente un fondo de 100 millones de dólares para cubrir las necesidades de emergencia luego de la explosión ocurrida en este vecindario muy tranquilo con vista a la Bahía de San Francisco.

Chris Johns, presidente de PG&E afirmó: “Demostramos nuestro compromiso la noche de la tragedia y continuamos manteniendo nuestro compromiso para ayudar a las víctimas y a la comunidad a sanar y recuperarse. El anuncio de hoy es otro paso en esa dirección”.

Bob Pellegrini, que entabló una demanda contra PG&E después de perder su hogar en el incendio, dijo que se alegraba por la ciudad pero que espera que la empresa tomara medidas rápidas para compensar a las personas que se vieron directamente afectadas por la explosión.

“Ha sido un suceso muy traumático para todo el vecindario. Se puede comprobar en el rostro de las personas. Están cansadas de batallar”, dijo Pellegrini, de 49 años, que todavía espera mudarse a su hogar, que está siendo reconstruido.

Las autoridades de PG&E afirmaron que la empresa piensa compensar a las víctimas de la explosión y también espera llegar a acuerdos en las demandas civiles sin tener que proceder con los juicios. No se ha especificado cuánto pagará la empresa a las víctimas.

Los investigadores federales responsabilizan a PG&E por la explosión, afirmando que hubo una serie de fallas que provocó la explosión, y concluyeron que dichas fallas fueron resultado de un “accidente organizativo” y no de una simple falla mecánica.

La pérdida de gas alimentó una torre de fuego de 300 pies de altura durante más de 90 minutos antes de que los trabajadores pudieran cerrar manualmente las válvulas que cortan el suministro de gas a la cañería dañada. Los investigadores señalaron que los daños podrían haber sido menos graves si se hubiera contando con válvulas automáticas.

En enero, la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, en inglés) votó por unanimidad iniciar una investigación legal sobre los mandos altos para determinar si PG&E había violado o no algunas leyes, un proceso que en última instancia podría resultar en multas considerables para la empresa. El personal de la agencia emitió un informe severo en el que afirmaba que la explosión en la cañería de gas natural se había debido en parte a lo que calificaba como una serie de fallas sistemáticas en los procedimientos corporativos de PG&E, que hacen énfasis en las ganancias más que en la seguridad.

El personal también mencionó el deplorable mantenimiento de registros, la respuesta irregular a casos de emergencia y el incumplimiento tanto de las leyes federales sobre la seguridad de cañerías como de las prácticas establecidas por el sector.