Inmigrantes detenidos con enfermedades mentales no tienen abogado

Última parte de una serie

La mayoría de los detenidos con problemas mentales, casi 60%, no tienen abogados, según el Departamento de Justicia. A muchos se les obliga a representarse a sí mismos, aún cuando a menudo no cuentan con habilidades de lenguaje adecuadas.

“Estamos intentando ayudar a establecer prácticas y procedimientos para que no quede en manos de un juez de inmigración particular o un abogado del gobierno determinar el destino de un detenido mentalmente incapaz”, afirmó Talia Inlender, abogada de Public Council, un bufete de abogados probono que representa a varios de los demandantes en una demanda colectiva a favor de detenidos con enfermedades mentales en California, Arizona y Washington. “Necesitamos que exista un sistema para que todos los detenidos reciban lo que se merecen”.

Incluso tener una tarjeta de residencia permanente no es garantía para no ser deportado. Ever Martínez nació en El Salvador y es residente permanente legal de EEUU. En 2007, fue acusado de agresión grave luego de trabarse en lucha con su padrastro.

Martínez comenzó a presentar indicios de una enfermedad mental a los 20 años y cuando su madre lo llevó a una sala psiquiátrica de Los Ángeles fue diagnosticado con esquizofrenia y le recetaron medicación. Continuó empeorando y entró y salió de hospitales mentales durante varios años. Pero Martínez no tenía ningún antecedente de violencia, señaló su madre, María Elena Felipe.

Eso cambió poco después de que Martínez se mudó nuevamente con su madre en 2007. En junio de ese año, mientras que Felipe se encontraba en el trabajo, Martínez fue arrestado luego de enfrascarse en lucha con su padrastro, a quien golpeó hasta dejarlo inconsciente y en coma por 10 días.

Martínez fue acusado de un delito mayor, un cargo que puede llevar a la deportación incluso a los residentes permanentes legales. A fines de 2009 fue transferido de la custodia penal al centro de detención de Otay Mesa, unas millas al norte de la frontera entre México y EEUU en San Diego.

En Otay Mesa hay 240 detenidos que reciben tratamiento para “algún tipo de enfermedad mental con diferentes niveles de gravedad”, indicó Lauren Mack, portavoz de ICE. El otro centro federal, el Centro de Detención Krome, se encuentra cerca de Miami.

Felipe estaba aún más preocupada de lo que podría sucederle a Martínez si fuera deportado; no encontraría a nadie en El Salvador que pudiera encargarse de él.

En agosto de 2010, los abogados que trabajaban en la demanda colectiva le llamaron la atención al tribunal del distrito federal sobre el caso de Martínez. Además de los documentos de inmigración que indicaban su enfermedad, los abogados solicitaron una evaluación, que concluyó que Martínez “claramente no es capaz de representarse a sí mismo. Su enfermedad le imposibilita conceptualizar ideas y defenderse verbalmente en su procedimiento de traslado forzoso”.

En septiembre de 2010, una jueza de inmigración ordenó la finalización de su caso y lo envió a la Junta de Apelaciones de Inmigración. En su fallo, la jueza Renee Renner dijo: “La ley y las regulaciones actuales no ofrecen orientación en cuanto al modo de proceder del tribunal ? con un detenido mentalmente incapaz que se esté representando a sí mismo en el procedimiento de traslado forzoso”.

La finalización de su caso fue una noticia relativamente buena, pero la detención de Martínez se prolongó mientras su caso continuaba pendiente ante la junta de apelaciones. Renner no le designó un abogado. Pero con la ayuda del equipo probono que lo había identificado en la detención, Martínez pudo recibir una audiencia de fianza.

En abril, Felipe esperaba ansiosamente para ver a Martínez fuera del centro de detención por primera vez en dos años. Había sido liberado de Otay Mesa con una fianza de $1,500 a condición de que fuera evaluado y lo colocaran bajo el cuidado de una institución de salud mental.

Martínez fue llevado a un centro de atención de urgencia en Los Ángeles para recibir su evaluación. Un profesional de la salud mental determinó que necesitaba ser hospitalizado y le encontró una cama en el Hospital y Centro de Salud Mental Gateways.

Felipe tenía que presentar la fianza el mismo día (y ya era de tarde) o su hijo regresaría a San Diego. Llegó con gran esfuerzo a la oficina de fianzas y le dijeron que estaba cerrada. Entonces llegó el equipo pro bono.

Mientras se preparaba para ver a su hijo, sus ojos se llenaron de lágrimas. “No sé qué voy a decirle”, dijo. “Cuando lo vi en el centro de la detención, me puse tan triste. Ahora siento que mi corazón está un poco más en paz. Él no está en un centro de la detención, está en un lugar diferente”.

Una semana después de que Martínez fuera liberado de la detención, Miguel Canto-Ortiz también fue liberado. Pero sin abogado y sin una familia para ayudarlo, fue trasladado a un refugio para personas sin hogar. Al día siguiente, no se lo podía encontrar en ninguna parte. El consulado mexicano y algunos abogados probono continúan buscándolo en las calles de Santa Ana.

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