Expectativa por decisión
La comunidad inmigrante en Arizona espera con expectativa la decisión que tomará la Corte Suprema de EE.UU. en las próximas semanas sobre el futuro de la SB1070, mientras que activistas advierten que el proceso legal en contra de esa ley podría durar aún varios años.
Desde que se aprobó la ley SB1070 existe una gran inquietud entre la comunidad inmigrante de Arizona. Crédito: Aurelia Ventura / La Opinión
PHOENIX (EFE).— La comunidad inmigrante en Arizona espera con expectativa la decisión que tomará la Corte Suprema de EE.UU. en las próximas semanas sobre el futuro de la SB1070, mientras que activistas advierten que el proceso legal en contra de esa ley podría durar aún varios años.
“Independientemente de la decisión que tome el Supremo sobre la SB1070, esto no cambia el hecho que aún seguimos otro proceso legal en cortes más bajas sobre otros aspectos de esta legislación”, dijo hoy a Efe Lydia Guzman, representante del grupo Respect/Respeto, con sede en Phoenix.
La activista explicó que la SB1070 se ha “fragmentando” y que sólo ciertos puntos son los que serán considerados por el máximo tribunal del país cuando se presenten los argumentos el próximo 25 de abril.
Como parte de la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia en contra del estado de Arizona, los jueces del Supremo decidirán si mantienen la suspensión sobre cuatro secciones de la SB1070 que fueron bloqueadas por la juez federal Susan Bolton en 2010 antes de que entrara en vigor la medida.
Una de las secciones más controvertidas de la ley es la 2(b), la cual permitiría a los agencias del orden cuestionar el estatus migratorio de una personas si “tiene una sospecha razonable” de que se encuentra de manera ilegal en este país.
La sección 3 convertiría en delito bajo la ley estatal de Arizona si un extranjero no cumple con las provisiones bajo la ley federal de portar sus documentos migratorios, cuyo incumplimiento podrían penarse con 20 días de cárcel por la primera infracción y 30 días por las siguientes violaciones.
La sección 5 (c) convertiría en delito estatal que una persona no autorizada para trabajar en Estados Unidos solicite empleo, esto incluye las calles. El término “solicitar” incluye cualquier tipo de comunicación o gesto que indique que la persona quiere ser empleada, violaciones a esta sección podrían ser castigadas hasta por seis meses de prisión y una multa de 2,500 dólares.
La sección 6 autoriza a los departamentos policiacos a arrestar inmigrantes sólo con “una causa probable” de que hayan cometido una ofensa que los podría poner en proceso de deportación.
“Si la Corte Suprema sostiene la decisión de la juez Bolton, nos daría una indicación que nuestros argumentos son válidos”, dijo Guzmán.
La activista sostuvo que existen otros procesos legales en contra de las partes que sí entraron en vigor de la SB1070.
El pasado mes de febrero Bolton también bloqueó otra parte de la SB1070 que prohibía a los jornaleros solicitar empleo en las calles.
“La Corte Suprema puede tomar varias decisiones, inclusive podemos tener resultados mixtos, debemos recordar por ejemplo que la ley 187 en California duró 10 años en la corte”, explicó Guzmán.
