Deciden SB1070 en Corte

WASHINGTON, D.C.- Tras dos años de espera, este miércoles la Corte Suprema debatirá la ley SB1070. Organizaciones de derechos civiles y oponentes a la iniciativa se alistan para la batalla en Washington, mientras en el Congreso, legisladores preparan un nuevo proyecto de ley, en caso de que el tribunal respalde la medida.

Después de meses de silencio, inmigración está en el centro de la discusión política. No es para menos, el máximo tribunal debatirá el caso “Arizona versus Estados Unidos”, donde se decidirá si un estado puede legislar en el campo migratorio, en paralelo a lo establecido por la ley federal.

“El resultado no es muy predecible. Existe una oportunidad de que la C orte se divida en 4 contra 4. Si el tribunal basa su veredicto en el tema de fondo, probablemente Arizona tenga una pequeña ventaja, considerando la decisión de la temporada pasada, en la ley de inmigración laboral del estado”, explicó Lyle Denniston, experto en Corte Suprema.

Este fallo se refiere al caso “Cámara de Comercio versus Whiting”, donde la Corte Suprema, se pronunció a favor de la Ley de Trabajadores Legales de Arizona (LAWA), que autorizó el uso obligatorio de E-Verify y penalizó a los negocios que contraten inmigrantes indocumentados.

A diferencia de este caso, ahora la jueza Elena Kagan, se abstendrá de participar de las deliberaciones, por su desempeño anterior en el Gobierno de Barack Obama, donde lidió con los efectos de SB1070.

En caso de que el tribunal respalde la polémica ley de Arizona, el presidente de Subcomité de Inmigración del Senado, Charles Schumer (D-NY), planea presentar un nuevo proyecto de ley, probablemente en julio, para contrarrestar el fallo. Aún no existe un borrador del documento.

En él se evitaría que los estados y localidades ejerzan control sobre las leyes de inmigración, a menos que lo hagan con el consentimiento y supervisión del Gobierno federal.

Esto implica que los estados no podrían promulgar penas civiles por violaciones de la ley de inmigración y que las fuerzas de seguridad locales tendrían prohibido detectar y arrestar a personas indocumentadas, a menos que hayan sido autorizados y entrenados por el Gobierno federal.

La medida también incluiría el caso Whiting y evitaría que estados y gobiernos locales promulguen sus propias leyes sobre verificación de empleo.

Con una Cámara de Representantes de mayoría republicana, las posibilidades de un proyecto de ley como este son escasas, pero Schumer está esperanzado.

“Ya hemos visto a algunos republicanos distanciándose de la ley de Arizona, tenemos el apoyo de grupos de negocios y agricultores, otros estados que han aprobado leyes como SB1070 están aprendiendo que estas implican una carga económica. Esto simplemente se trata de intentar hacer lo correcto”, dijo Schumer.

Por otra parte, ex presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, Kirk Adams, aseguró ayer durante un evento en la Fundación Heritage, que lo peor de la legislación es la manera en que la gente la ha interpretado.

“Tenemos un problema en Arizona. Esta no fue la primera propuesta que trató de enfrentarlo. Hubo 17 iniciativas anteriores”, comentó. “Arizona es el punto de entrada más utilizado en esta nación. Los carteles criminales están bien armados y tienen muchos recursos”, agregó.

Organizaciones de derechos civiles como MALDEF, ACLU, NILC y NAACP, están enfrentando a SB1070 en los tribunales y ayer anunciaron una serie de actividades como un rally en contra de la legislación el próximo miércoles.

“Cuando la gobernadora Jan Brewer promulgó la ley, declaró una guerra contra los inmigrantes”, aseguró Marielena Hincapié, directora de NILC.

Hoy el subcomité de inmigración del Senado tendrá una audiencia donde analizar la SB1070; la primera en su tipo en el Capitolio. Además, diversos grupos realizarán vigilias, debates y eventos comunitarios.