Prohíban la confiscación de condones

Prohíban la confiscación de condones

La legislatura estatal debe aprobar una propuesta de ley que busca prohibir la confiscación de condones como evidencia para acusar a sospechosos de prostitución. Esta práctica, aparentemente efectiva, es un arma de doble filo que va en contra de la agenda de salud pública del estado y la ciudad de Nueva York.

Organizaciones que brindan consejería a trabajadores sexuales por años han advertido que la policía tiende a confiscar y desechar los condones de mujeres y hombres que trabajan en prostitución, incluso cuando no se les arresta. Expertos han documentado la práctica policial de decirle a los trabajadores sexuales que están siendo arrestados por cargar condones. Eso genera confusión y miedo entre prostitutas, y las incita a practicar sexo sin condón por temor a cargarlos consigo.

La propuesta legislativa, promocionada por el senador Velmanette Montgomery y la asambleísta Barbara Clark, no afectaría la habilidad de los policías de usar condones como evidencia en casos de violaciones y tráfico sexual.

La ciudad de Nueva York –que aún lleva el infame título del “epicentro del SIDA” en los Estados Unidos- ha puesto en marcha agresivas medidas para detener el avance del virus de VIH y otras afecciones venéreas, entre ellas la distribución masiva (3 millones al mes) de condones gratis con la marca de NYC; la creación de una aplicación de teléfonos inteligentes para localizar lugares de distribución de preservativos sin costo; y la implementación de un currículo de educación sexual en escuelas públicas que enseña a nuestros jóvenes la importancia de practicar sexo seguro.

Tales iniciativas son una respuesta consciente y responsable a un problema de salud pública grave. Permitir confiscar preservativos a prostitutas es retrógrado e inseguro y envía el mensaje de que cargar condones es un crimen.

La prostitución en Nueva York es ilegal y está clasificada como un delito menor, pero todos sabemos que el llamado oficio más antiguo del mundo persiste.

Los legisladores estatales deben hacer lo correcto y terminar con una práctica que arriesga más de lo que gana.