Declaran inconstitucional ley para pruebas de drogas en Florida

La ley permite realizar pruebas aleatorias de consumo de drogas a los empleados públicos del estado
Declaran inconstitucional ley para pruebas de drogas en Florida
En la orden judicial de 37 páginas a la que tuvo acceso Efe, la magistrada señala que el "defecto fundamental" de la orden ejecutiva radica en que "viola los intereses privados en la búsqueda del interés público".
Foto: Archivo

Miami – Una jueza federal estadounidense declaró inconstitucional la ley de Florida que permite realizar pruebas aleatorias de consumo de drogas a los empleados públicos del estado.

Según la decisión de la jueza Úrsula Úngaro, hecha pública hoy, la orden ejecutiva promulgada por el gobernador de Florida, Rick Scott, “no muestra evidencia de un problema de consumo de drogas en las agencias” públicas, ni “identifica un peligro concreto” por la ausencia de pruebas de consumo.

En la orden judicial de 37 páginas a la que tuvo acceso Efe, la magistrada señala que el “defecto fundamental” de la orden ejecutiva radica en que “viola los intereses privados en la búsqueda del interés público” con un resultado “insustancial y muy especulativo”.

La aplicación de la ley había sido suspendida temporalmente en junio pasado, después de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida presentara una demanda contra ésta en nombre de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Municipales y de Condado (AFSCME).

“El gobernador no puede ordenar al estado que investigue en los fluidos corporales sin ninguna razón”, ya que la Constitución estadounidense “prohíbe ese tipo de intromisión gubernamental”, dijo hoy en un comunicado Howard Simon, director de la ACLU.

Además, agregó Simon, el gobernador Scott “no puede exigir a la gente que renuncie a sus derechos constitucionales por el privilegio de trabajar para el estado o recibir algún otro tipo de beneficio”.

La ACLU y la AFSCME presentaron la demanda contra la orden ejecutiva de Scott porque, según ambas organizaciones, ésta violaba la cuarta enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos de pesquisas y aprehensiones arbitrarias.

“Con la orden dictada por la jueza Ungaro se protege la privacidad y dignidad personal de decenas de miles de empleados públicos del estado”, dijo Alma González, consejera de la AFSCME.

Parece, añadió Simon, que los “líderes de Florida tienen dificultades para comprender que un gobierno no puede investigar a la gente sólo porque un político piense que será popular”.

En julio pasado, una jueza estatal de Florida ya calificó de inconstitucional la citada ley porque carecía del elemento de intencionalidad del sujeto, lo que consideraba “atávico e insultante para la ley común”.