Detectan a médicos y dentistas piratas

La Procuraduría de Los Ángeles presentó cargos contra los dueños y operadores de varias negocios que, sin embargo, siguen operando, según constató La Opinión

A pesar de las advertencias, varios sitios con doctores falsos siguen funcionando y vendiendo medicamentos.

A pesar de las advertencias, varios sitios con doctores falsos siguen funcionando y vendiendo medicamentos. Crédito: Ciro Cesar / La Opinion

El título de la botánica y su creciente popularidad entre los vecinos respaldaban la calidad del servicio. “Excellent Nutrition“, localizada en el barrio de Westlake, igual vendía antibióticos y anticonceptivos, que medicamentos para controlar el VIH. Ahí los administraban.

A ese singular negocio llegaron en enero de 2010 dos clientes, una mujer y su hijo adulto, ambos con síntomas de gripe. Los atendió el “doctor” Miguel Juárez, quien les prescribió una mezcla de penicilina y eucalipto, y les pidió que se dirigieran a la parte trasera del local, donde los inyectó su asistente.

Lo que ocurrió después puso al descubierto que Luna era un médico “pirata”, que los medicamentos que recetaba eran ilegales y que su botánica también era una clínica clandestina, una de las veinte que, en promedio, detecta cada año el Departamento de Servicios de Salud del condado de Los Ángeles. La mayoría en vecindarios con población mayormente hispana.

Esto pasó: la madre sufrió una reacción alérgica grave, experimentando dificultad para respirar y temblores. Los encargados del local, en lugar de pedir una ambulancia, trasladaron a la mujer a un hospital. Cinco días después, el hijo también fue hospitalizado por dolor abdominal crónico y vómito.

“Excellent Nutrition”, ubicada en el bulevar James Wood, no era el único lugar donde Juárez, sus familiares y cómplices ejercían la medicina sin una licencia.

Operativos encubiertos condujeron a la incautación de cientos de medicamentos, incluyendo sustancias controladas, provenientes de México y Centroamérica, en otros tres locales, dos en Westlake (J & R Beauty Supply y Vitamin Zone) y uno en East Hollywood (Good Nutrition), que abrió un exempleado de Juárez. Además se confiscó alrededor de 30,000 dólares en efectivo.

Pero dos meses después del allanamiento los acusados continuaron realizando dicha actividad ilícita, sólo que desde “J & R Beauty Supply”, un negocio contiguo a “Excellent Nutrition” y que registraron bajo el nombre de otro familiar.

La Procuraduría de Los Ángeles presentó cargos contra los dueños y operadores de los cuatro negocios, tres de los cuales siguen operando, según constató La Opinión en recorridos y llamadas telefónicas.

Además de Juárez, la Fiscalía Municipal acusa a Araceli Ramírez, Miguel Angel Domínguez, Rosaura Juarez, Reina Delgado Alvarado, Bernice Melanie Guzmán, María Guadalupe Cruz-Valencia, Gregoria Ortega y Alma Rosa García, de ejercer la medicina y vender medicamentos ilegalmente.

“La práctica de la medicina sin licencia y la venta de medicamentos y las drogas ilícitas representa una amenaza grave para nuestros residentes más vulnerables, especialmente los adultos mayores y los niños”, dijo el procurador de la ciudad Carmen Trutanich. “Estas amenazas a la salud y la seguridad pública y para nuestros hijos no deben ser toleradas y serán castigadas con todo el rigor de la ley”.

El ejercicio clandestino de la medicina ya ha tenido consecuencias fatales en Los Ángeles. En 2002, Reina Chavarría, quien atrajo a muchos clientes a su casa en Van Nuys a través de anuncios en medios de habla hispana, administró medicamentos a un hombre que posteriormente perdió la vida. Actualmente, Chavarría purga una condena de 9 años en prisión.

Para reportar casos de este tipo hable al teléfono (213)989-7039, del Equipo de Aplicación de la Ley de la Autoridad de la Salud, HALT.

A finales de la década de 1990 tuvieron la misma suerte unos niños en el condado de Orange.

A raíz de este incidente se creó el Equipo de Aplicación de la Ley de la Autoridad de la Salud (HALT), dependiente del Departamento de Servicios de Salud del condado. Desde entonces se han detectado a varias personas que, para obtener jugosas ganancias, se han hecho pasar por médicos y dentistas.

Hace unos años, HALT descubrió a la dueña de una clínica que, cuando sus doctores no estaban disponibles, se ponía la bata blanca y los guantes para practicar abortos.

Recién integrado, HALT investigó más de 200 casos; el año pasado recibió unos 40 reportes.

“Estos casos son muy comunes en las comunidades de inmigrantes”, comenta Erick Aguilar, investigador de HALT, quien lo atribuye a la falta de cobertura médica, la popularidad de este tipo de prácticas en los países latinoamericanos (se tiene confianza, por ejemplo, en el vecino que sabe cómo inyectar), entre otros factores.

“Otro problema es que muchas personas tal vez no tienen papeles y piensan que si van a una clínica del condado les van a preguntar, a deportar”, mencionó Aguilar. “Pero la realidad es que estas clínicas no tienen nada que ver con la Oficina de Migración”, recalcó.

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