Demanda por pena de muerte

Fundación Legal dice no querer que sea abolida en noviembre

SACRAMENTO.- En nombre de la madre de un policía que fue asesinado, la Fundación Legal de Justicia Criminal (CJLF) con sede en esta ciudad interpuso una demanda en la Corte de la Apelaciones del Tercer Distrito para remover de la boleta electoral de noviembre, una medida que busca reemplazar la pena de muerte por la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“Nos oponemos a que la pena de muerte sea abolida pero la demanda argumenta que debe ser eliminada de la boleta electoral porque la Constitución dice que una iniciativa no debe tratar más de un tema y el Acta California SAFE aborda tres asuntos”, argumentó el director de la CJLF, Kent Scheidegger.

De acuerdo a los demandantes, el Acta California Segura contiene tres provisiones: una que obliga a todos los asesinos en prisión a trabajar y a aportar una parte de sus salarios como restitución por la ofensa, lo cual dicen ya existe en la ley. La segunda, asegura, elimina la pena de muerte para todos los sentenciados a morir ejecutados y cualquier condenado por los peores asesinatos. Y la tercera autorizaría a remover 100 millones de dólares del Fondo General del estado para que la Procuradora General los asigne a las agencia de policía para la investigación de crímenes y violaciones.

La demanda fue presentada por Phyllis Loya, cuyo hijo, Larry Lasater un oficial de la policía en Pittsburg, una ciudad al este de la Bahía de San Francisco, fue asesinado en 2005 por el sospechoso de un robo a mano armado junto con Michael Rushford, presidente de CJLF.

En un comunicado, Jeanne Woodford, quien propuso la medida electoral para reemplazar la pena de muerte dijo que están seguros que cumplen con la ley, y afirmó que la demanda para detener el voto no tiene bases y es una pérdida de dinero de los contribuyentes.

“Tenemos confianza de que las cortes estarán de acuerdo en que un electorado ampliamente informado debe decidir en este asunto crítico”, dijo. Y agregó que los californianos deben tener la oportunidad de decidir sobre el sistema más deteriorado, ineficiente y caro del estado como lo es la pena de muerte.

La campaña para sustituir la pena de muerte recolectó 800,000 firmas para poner la iniciativa en la boleta electoral de noviembre.

Sus argumentos principales para intercambiar la pena capital por prisión de por vida son el ahorro de cientos de millones de dólares al estado en juicios, apelaciones e instalaciones especiales para el pabellón de la muerte. Ese dinero podría utilizarse para investigar los crímenes no resueltos, exponen. Cada año, 46% de los asesinatos y 56% de las violaciones quedan sin resolver. Y al hacer que los criminales paguen una restitución al Fondo de Compensación de las Víctimas se hace a los criminales responsables.

Los demandante esperan que la Corte de Apelaciones decida sobre la suerte de su petición en un periodo de dos meses.

El anuncio de la demanda se da en momentos cuando al otro lado del país, el Columbia Human Rights Review, la revista de derechos humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, reveló los resultados de una investigación que arrojaron que Carlos DeLuna, un hombre hispano que fue ejecutado en 1989 en Texas pudo haber sido inocente.

“Tristemente, la historia de Luna no es única. Los mismos factores que enviaron a DeLuna a su muerte, testimonios defectuosos de testigos presenciales, representación legal de muy mala calidad, y un procesamiento negligente, continúan poniendo a gente inocente en riesgo de ser ejecutada hoy”, indicó en un comunicado el profesor James Liebman de la Escuela de Derecho de Columbia.

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