Critica EEUU impunidad en México

Congresistas aseguran que en aquel país es necesario impartir justicia y fortalecer los derechos humanos

Fotografías de periodistas asesinados en México son velados en un altar.

Fotografías de periodistas asesinados en México son velados en un altar. Crédito: EFE

WASHINGTON, D.C.- El gobierno estadounidense aseguró ante el Congreso, que México tiene un serio desafío de derechos humanos, ya que su habilidad actual de impartir justicia es limitada y la impunidad alta.

Así lo declaró Kathleen Fitzpatrick, subsecretaria para la democracia, trabajo y derechos humanos del Departamento de Estado, en la audiencia de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos (TLHRC).

“Mientras el rol de las fuerzas de seguridad aumentó, se incrementaron las quejas creíbles, de que oficiales de gobierno estaban perpetrando abusos y tortura”, aseguró.

Fitzpatrick, valoró el establecimiento de un marco legal para mejorar la situación de derechos humanos e insistió en que México había tomado pasos para fortalecer el sistema legal. “La impunidad sigue siendo uno de los desafíos más significativos”, resaltó.

Asimismo, destacó que aunque la decisión de la Corte Suprema, en julio de 2011, determinó el encausamiento de crímenes civiles en cortes de la misma naturaleza, “el proceso aún no se ha institucionalizado”.

Actualmente, 15% de la asistencia financiera anual entregada por Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, depende de los progresos en el área de derechos humanos en México.

La retención del año fiscal 2011 -cerca de 18 millones de dólares-, aún está pendiente, hasta que el Departamento de Estado no emita su informe al respecto.

El gobierno de Estados Unidos ha destinado 1,600 millones para la Iniciativa Mérida desde 2007. Aunque Washington nunca ha paralizado los fondos, en septiembre de 2010, el Departamento de Estado, condicionó 26 millones de dólares a dos factores: la implementación de reformas de derechos humanos a la Constitución y una nueva legislación para el código militar de justicia. Tras esto, el gobierno mexicano impulsó cambios en ambos sectores.

El congresista James McGovern (D-MA) consultó a Fitzpatrick si el país está cumpliendo ahora con los requerimientos necesarios en el área de derechos humanos, para no condicionar esta asistencia.

La representante del Departamento de Estado dijo que van a tomar todos los factores en consideración, pero que no especulará respecto a la decisión. Consultada por la prensa, no entregó una fecha específica para la determinación.

Grupos de derechos humanos como Human Rights Watch pidieron al Congreso que congelara los fondos, ya que México no ha cumplido con los requerimientos necesarios.

“Aunque las reformas legales son importantes, es esencial que se enfrenten los factores subyacentes, en las instituciones mexicanas. La creación de leyes y guías para las fuerzas armadas sólo son efectivas, si el soldado o policía sabe que los abusos serán investigados y castigados”, aseguró Maureen Meyer, analista de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA).

En cuanto al enjuiciamiento de crímenes contra civiles, Nik Steinberg, investigador de Human Rights Watch, detalló que hasta el momento, tan sólo ocho casos han sido transferidos desde cortes militares a civiles, en un universo de 4,000. “Todos comparten responsabilidad en esto, partiendo por el procurador general”, explicó.

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