Exigen la revaluación de propiedades
Se habría evadido al menos medio millón de dólares, según cálculos
Los concejales Dennis Zine y Paul Krekorian. Crédito: Isaías Alvarado
Tras el arresto de un exfuncionario del condado acusado de reducir ilegalmente el valor de propiedades, dos concejales de Los Ángeles pidieron una auditoría independiente a un programa por el cual, según sus cálculos, se habría permitido la evasión de al menos medio millón de dólares.
El pasado lunes, Scott Schenter, quien trabajó para el condado de 1988 al 2011, fue detenido en Oregon por supuestamente falsificar documentos de la dependencia y rebajar ilegalmente $172 millones del costo de más de cien viviendas y comercios en el oeste de Los Ángeles.
Lo hizo, según los fiscales, a petición del tasador del condado, John Noguez, quien, a cambio, se habría beneficiado con jugosas contribuciones a la campaña por el cargo que ocupa desde diciembre de 2010.
La solicitud de los ediles, sin embargo, fue considerada innecesaria por el supervisor del condado y potencial candidato a la Alcaldía de Los Ángeles, Zev Yaroslavsky, quien indicó que la dirección ejecutiva del condado revisa desde abril las cuentas de Noguez.
“Será cuestión de semanas, no de meses, para que la auditoría concluya”, dijo a KPCC.
Noguez, por su parte, no respondió las llamadas telefónicas, ni los correos electrónicos enviados por La Opinión.
Antes de las declaraciones de Yaroslavsky, Dennis Zine, presidente del Comité de Auditorías del Concejo, reclamó que poco se había hecho para aclarar el caso de corrupción, permitiendo incluso que Noguez siguiera en funciones mientras la Procuraduría de Distrito conduce una investigación.
“Esta auditoría se debe realizar inmediatamente sin importar el futuro de John Noguez como asesor del condado”, comentó el concejal y luego envió un mensaje directo a los supervisores. “Debemos trabajar juntos para restaurar la confianza del público en el gobierno”.
Alrededor del 21% de los ingresos anuales del Fondo General del Ayuntamiento provienen de los impuestos a la propiedad. De acuerdo con las acusaciones de la Fiscalía condal, sólo un donador del tasador habría evitado un pago de $30,000 al municipio, por una reducción ilegal de $100,000 al valor de una casa que compró por $21.5 millones.
En total, de los $172 millones rebajados por Schenter, el gobierno angelino supuestamente perdió medio millón de dólares, justo cuando reducía su nómina y sus servicios.
Tal cantidad, indicó Paul Krekorian, presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas del Cabildo, “es esencial para los servicios que proveemos los gobiernos locales, pero también significa justicia para los millones de contribuyentes que cumplen con las reglas, que pagan sus impuestos y que esperan servicios de regreso”.
