Breves del país

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Agentes del FBI observan un rancho situado en Lexington, Oklahoma, donde se criaban caballos de carrera.
Foto: AP

El mexicano Francisco Antonio Colorado Cessa, acusado de lavar dinero del cártel de Los Zetas con la compra-venta de caballos de carreras, compareció ayer ante una corte federal en Houston, informaron autoridades estadunidenses. La Oficina del Procurador Federal para el Oeste de Texas informó que el empresario permanecerá bajo custodia federal al menos hasta el próximo jueves, cuando tendrá su audiencia de detención en Houston.

El empresario está acusado de comprar caballos de carreras con dinero que recibía de Los Zetas para luego registrarlos como propiedad de su compañía, ADT Petroservicios, una empresa que las autoridades sostienen fue creada para la confabulación.

Colorado Cessa fue uno de los detenidos hasta ahora en el caso de lavado de dinero que comparecieron ante cortes federales en Texas y Nuevo México.

Ayer mismo, Fernando Solís García fue presentado ante un juez en Las Cruces, Nuevo México, mientras que Eusebio Maldonado Huitrón compareció ante una Corte Federal en Austin, Texas, en una audiencia que continuará el próximo lunes. Además de Colorado Cessa, Solís García y Maldonado, las autoridades arrestaron el martes a José y Zulema Treviño, en Oklahoma, y a Carlos Miguel Nayen Borbolla, Adán Farías y Felipe Alejandro Quintero, en Los Ángeles.

Eddie Espinoza, exalcalde de Columbus -en el estado de Nuevo México-, fue sentenciado a cuatro años y tres meses de prisión por su implicación en operaciones de tráfico de armas, según indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Espinoza ha sido acusado de adquirir y enviar más de 200 armas de fuego a cárteles de la droga en México en 2011, haciendo uso en ocasiones de vehículos públicos para realizar los intercambios.

En julio de 2011, Espinoza se declaró culpable de varios cargos de falso testimonio, compra y tráfico de armas, mientras que el juez le reprochó durante una audiencia celebrada el jueves haber usado su puesto de servidor público para actividades criminales.

Tres de las armas enviadas a México fueron encontradas posteriormente en una escena de un crimen en Ciudad Juárez, mientras que otras fueron halladas en un lugar utilizado en un secuestro y tras una redada antidrogas.