Repercusión del Supremo Decisión del Supremo sienta las bases para futuras acciones en otros estados

Georgia, Alabama y Carolina del Sur fueron primeros en seguir a Arizona

ATLANTA, Georgia (EFE).— La decisión de ayer del Supremo sienta un precedente para Georgia, Alabama y Carolina del Sur, que fueron los primeros estados en seguir el ejemplo de Arizona con leyes parecidas para combatir la inmigración indocumentada.

“Esta decisión es una señal bien clara de la Corte Suprema para los otros estados que han aprobado leyes como la de Arizona de que se viola la prerrogativa federal de poder crear e implementar leyes de inmigración”, dijo a Efe Nora Preciado, abogado del National Immigration Law Center, una de las organizaciones que forma parte de una demanda contra la ley HB56 de Alabama.

Preciado señaló que pese a que la Corte Suprema dejó intacta la provisión que permite a las autoridades locales indagar el estatus migratorio de un detenido, ha “dejado la puerta abierta” para más acciones legales.

La ley HB56 de Alabama, que entró en vigor el pasado 28 de septiembre, es considerada una de las más severas de todo el país e incluye la controvertida provisión conocida como “muéstreme sus documentos”, que permite a las autoridades locales a detener a una persona bajo sospecha de que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos y penaliza a quienes transporten a un indocumentado.

La medida además exige a las escuelas públicas determinar el estatus migratorio de los estudiantes y niega el acceso a educación superior a inmigrantes indocumentados.

El Tribunal de Apelaciones del Distrito 11 en Atlanta tiene pendiente una decisión en torno a las leyes de inmigración de Georgia y Alabama, y en su última audiencia decidió que esperaría hasta que la Corte Suprema emitiera su decisión sobre la SB1070 de Arizona.

“En el caso de Georgia nada cambiará inmediatamente porque hasta que la Corte de Apelaciones no emita un fallo, las provisiones de la ley en Georgia similares a las de ‘muéstrame tus documentos’ van a permanecer bloqueadas”, declaró a Efe Azadeh Shahshahani, directora del Proyecto de Seguridad Nacional e Inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en Georgia.

La ley HB87 de Georgia entró en vigor el 1 de julio de 2011 sin varios de sus apartados más controvertidos, incluyendo el que permitía a las autoridades locales cuestionar a cualquier persona sobre su estatus migratorio cuando exista alguna “causa probable” de que esté en el país de forma ilegal.

En Carolina del Sur la decisión de la Corte Suprema fue recibida con desconsuelo por líderes hispanos.

En ese estado sureño la ley SB20, firmada por la gobernadora Nikki Halley en el verano de 2011, copiaba algunas de las provisiones de la SB1070 de Arizona, pero fue bloqueada parcialmente en diciembre del año pasado por un juez de Charleston.

Roberto Belén, uno de los demandantes contra la SB20 de Carolina del Sur, dijo que el veredicto del máximo tribunal “tolera el perfil racial”, al permitir a la Policía indagar por documentos a quienes “sospechen razonablemente” que se están ilegalmente en el país.

“El que hayan descartado las otras provisiones no quiere decir que la situación no vaya a ser lo mismo que antes”, anotó Belén.

Mientras que Iván Segura, del Consejo de los Mexicanos en las Carolinas, afirmó que la decisión de ayer “debe servir para que se insista en una reforma migratoria que evite litigios en las cortes”.

Al igual que en los otros estados sureños, algunas de las disposiciones de la SB20 quedaron pendientes para que fueran aclaradas por la decisión del Supremo.

La medida, que entró en vigor el 1 de enero, fue retada en las cortes por el Gobierno federal, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones de defensa de derechos de los inmigrantes.

La SB20 sanciona a quienes den albergue y transporte a los indocumentados, así como crea una agencia policial estatal dedicada a perseguir indocumentados.

Ya en 2008 y antes de la aprobación de la ley de Arizona, Carolina del Sur había aprobado una ley de inmigración estatal severa, que prohibió el ingreso de los estudiantes indocumentados a los centros de educación de ese estado e impuso penalidades a las empresas que no verificaran el estatus migratorio de los solicitantes de empleo.