Una decisión incompleta

El fallo del Alto Tribunal es una contundente reafirmación de la prerrogativa del Gobierno federal en el terreno de la inmigración ante el argumento de algunos estados de que tienen el derecho a implementar su propia legislación.

Lo lamentable es que haya sobrevivido la cláusula más controvertida. Esa que le da a la autoridad local el poder de una agente de inmigración para preguntar sobre esta estado legal de una persona.

La decisión en sí es una derrota para los estados como Arizona y Alabama. Los residentes de Arizona están a salvo de tres de los cuatro puntos de la SB1070, los que exigen a todos los inmigrantes a portar papeles, convierte en un delincuente al indocumentado que trabaja y permite sin orden de arresto la detención de sospechosos indocumentados, ya que están dentro de la jurisdicción federal.

Sin embargo, nos preocupa en gran medida que haya quedado en pie la cláusula que permite a la policía indagar sobre el estado migratorio de un individuo sospechoso de ser indocumentado durante la investigación de una infracción o delito. En este caso no se discutió el efecto discriminatorio de la aplicación de la ley.

Por eso es importante destacar que el fallo no cierra el capítulo de la SB1070. Hay que estar atento a la implementación de lo que queda.

No es extraño que los tribunales esperen a que haya perjudicados para tomar los casos de ligados a los derechos civiles como seria uno por el uso del “perfil racial”, que seguramente surgirá en Arizona al instrumentarse al SB1070.

De todas maneras, el Alto Tribunal dio un paso importante para desalentar las leyes estatales de migración, aunque quedó corto en su cometido al no prohibir a la policía realizar una función que debe estar exclusivamente en manos de las autoridades migratorias. Este aspecto, tal como está, mina la confianza de las comunidades inmigrantes en sus autoridades locales.

De todo esto, queda en claro la urgente necesidad de una reforma integral que, además de la seguridad, tome en cuenta las necesidades económicas de nuestro país y la estabilidad para millones de trabajadores. Esto modernizará un marco legal antiguo y conducirá a una política federal de inmigración clara que impida los excesos inconstitucionales como los de Arizona.

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