Indocumentados en alerta por repercusiones del fallo

En cualquier momento, los policías de Arizona comenzarán a revisar papeles si sospechan que la persona no cumple con la ley
Indocumentados en alerta por repercusiones del fallo
Andy Hernández, quien carga la bandera mexicana, y Allison Culver, con la insignia de EEUU, discuten sobre la SB1070 frente al edificio federal en Phoenix, Arizona.
Foto: AP

WASHINGTON, D.C.- En un veredicto dividido, el tribunal revirtió ayer provisiones claves de SB1070, pero mantuvo la sección 2B. Este es uno de los elementos más polémicos de la ley, ya que permite a la policía, revisar papeles, si sospecha que la persona es indocumentada.

Cerca de las 10:30 am (hora del Este) , el juez Anthony Kennedy, leyó el fallo de la mayoría, integrada por cinco jueces, quienes se impusieron a tres de los miembros más conservadores del tribunal.

“El gobierno tiene un poder significativo de regular la inmigración. Ese poder implica responsabilidad […] Arizona puede tener frustraciones comprensibles con los problemas causados por la inmigración ilegal, pero el estado no puede perseguir políticas que minimicen la ley federal”, estableció el veredicto.

La Corte Suprema declaró como inconstitucionales, la mayoría de las provisiones debatidas en la SB1070. Entre ellas convertir en un crimen estatal el hecho de no tener papeles; prohibir a los indocumentados aplicar a empleos en Arizona y darle autoridad a la policía para arrestar a alguien, sin una orden judicial, si creen que ha cometido un delito que pueda llevar a la deportación. Incluso cuando puede haber sido ocurrido en otro estado.

“Me complace que la Corte Suprema haya anulado disposiciones clave de la ley migratoria de Arizona […] Una diversidad de leyes estatales no es la solución a nuestro sistema migratorio descompuesto, sino que es parte del problema. Al mismo tiempo, me sigue preocupando el impacto práctico de la disposición restante de la ley”, declaró el presidente Barack Obama.

El tribunal especificó que no está claro si la aplicación de la sección 2B interfiere con la ley federal de inmigración. Asimismo, dijo que el veredicto no obstruye futuros debates y litigios sobre esta área, sobre todo respecto a la forma en que será implementada.

Expertos legales en inmigración, prevén que la sección 2B entrará en vigor en algunas semanas. “No será mañana, ni pasado, pero en un futuro cercano. Entonces las cortes podrán examinar desafíos legales a esta provisión, respecto a cómo está siendo aplicada en terreno”, explicó a La Opinión el decano de la escuela de leyes de UC Davis, Kevin Johnson.

Congresistas como Raúl Grijalva (D-AZ) aseguraron, que ahora más que nunca “es importante la acción de grupos de derechos civiles para evitar que la gente sufra de discriminación en el estado, además de la información que maneja el público, sobre sus derechos y las leyes federales, que limitan prácticas como el perfil racial”, dijo a La Opinión.

Líderes de derechos civiles se mostraron preocupados ayer, por los efectos de la sección 2B. “Esto abre la puerta a leyes en otros estados. Abre la puerta al perfil racial y a desafíos legales en este respecto. Tomará años en futuros litigios”, enfatizó el director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero.

Por su parte, el Departamento de Justicia, le mandó un mensaje directo al estado de Arizona y la gobernadora Jan Brewer, quien ayer celebró el fallo como un triunfo. “La sección 2B no es una licencia para ejecutar perfil racial”, declaró el Procurador General, Eric Holder.

“Monitorearemos de cerca el impacto de SB 1070 para que cumplan con la ley federal, con derechos civiles aplicables. Incluyendo que las agencias de seguridad y otros, no implementen la legislación de una manera que tenga como propósito discriminar a los latinos”, agregó.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), especificó que no realizarán arrestos relacionados a inmigración, que no correspondan a las prioridades de control vigentes para el gobierno, es decir personas que han cometido delitos graves y atenten contra la seguridad nacional.

“Anticipamos que tendremos un mayor flujo de llamadas para verificar el estatus migratorio. Esto implicará desafíos operacionales para nosotros […] No emitiremos órdenes de detención, a menos que cumplan con nuestras prioridades. No esperamos que en número de aprehensiones físicas aumente”, detalló un alto funcionario de DHS.

El gobierno anunció que cancelaría los siete memorandos de entendimiento con el estado de Arizona, para la ejecución del programa 287g, donde se les delegaba la autoridad para el control de inmigración a las jurisdicciones. Desde principios de año, el gobierno ha debilitado este esfuerzo a nivel nacional, disminuyendo sus recursos disponibles.

Consultados por La Opinión respecto a cambios a nivel local en Arizona, para Comunidades Seguras, funcionarios de DHS comentaron que “aunque siempre están abiertos a perfeccionar el programa, no anticipan modificaciones por ahora”.

Expertos legales a nivel nacional, coincidieron en que el fallo sobre SB1070 es histórico y sentará precedente, respecto a futuras leyes estatales y federales sobre inmigración en Estados Unidos.