Aclaran como se debe aplicar

WASHINGTON, D.C.- El gobierno ya superó la barrera de las 50,000 deportaciones asociadas a Comunidades Seguras, durante este año y sólo las personas arrestadas por cargos criminales deben ser sometidas al programa.

Lo anterior lo expresó el director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton, ante el Congreso, respecto a Comunidades Seguras.

Durante este año, el gobierno ha deportado a 58,297 individuos a través de este programa y un total de 202,052 desde su inicio, en 2008. El alto funcionario especificó que un 75% de las personas removidas, tenían una condena criminal y el resto, en su gran mayoría, eran prófugos o habían sido deportados previamente.

En total, en 2011 ICE sacó del país a 396,906 personas indocumentadas. El director de ese organismo dijo que sus expectativas eran, al menos, igualar esa cifra durante el 2012.

Morton aclaró ayer, un punto crítico en su implementación. “No todas las personas arrestadas serán sujetas a este programa. Sólo cuando bajo políticas estatales o leyes locales, se tomen huellas digitales de un individuo en custodia, por un cargo criminal”, detalló.

Es decir, una vez que sean arrestados, si cumplen con este criterio, la información biométrica, debiera ser contrastada con las bases de datos federales, para indagar el estatus migratorio.

Esta es la primera vez que un funcionario de la posición de Morton, es tan específico respecto a los requerimientos para utilizar el programa, dentro de los recintos policiales.

El director de ICE especificó además, que si se determina que una persona está fuera de estatus, su agencia se reserva el derecho de asumir la custodia, en base a las prioridades de control de inmigración del gobierno.

A pesar de esto, grupos locales aseguran que todavía existe una gran diferencia entre lo que el liderazgo político quiere implementar y lo que ocurre en las calles. “Hemos visto casos de personas que han entrado en Comunidades Seguras, por no llevar casco mientras andaban en bicicleta”, aseguró Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.

“El problema acá, es que no han entrenado bien a los agentes, quienes implementan las directrices de manera diferente”, agregó.

Fuentes al interior de ICE, describieron problemas de este tipo, como “casos aislados” y enfatizaron que, en conjunto con la Oficina de derechos y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional, crearon un nuevo programa de entrenamiento para funcionarios locales y estatales, que les da información sobre Comunidades Seguras. Asimismo, destacaron una nueva política destinada a proteger a testigos, víctimas de violencia doméstica, entre otros delitos.

Hasta el momento, el programa se ha activado en 3,074 de las 3,181 jurisdicciones en Estados Unidos. Los únicos lugares donde no se ha desplegado, son el estado de Alabama y el condado de Cook en Illinois.

“Esperamos que ahora, tras el fallo de la Corte Suprema sobre SB 1070, el litigio en Alabama se resuelva pronto y podamos expandirlo a tiempo”, dijo Morton.

La ley estatal HB56 ha sido descrita como una de las mas duras a nivel nacional. Actualmente el tribunal de apelaciones del circuito 11, tiene pendiente una decisión al respecto.

“En cuanto a illinois la situación es más complicada. Creo que la ausencia del programa llevará a más crímenes que podrían haber sido prevenidos”, insistió Morton.

El condado de Cook ha obstruido, hasta ahora, la implementación de Comunidades Seguras.

El programa ha enfrentado un fuerte rechazo no sólo por ciudades y estados que consideran que se lesionan los derechos humanos de las personas, sino también por organizaciones que defienden a los inmigrantes, debido a que en su opinión, este programa promueve el perfil racial al realizar las detenciones, por lo que es utilizado injustamente.