Inmigrantes esperan que recurso impida aplicación de ley SB1070

Una coalición de organizaciones pidió a la Corte Federal en Arizona impedir la aplicación de la regulación a días de que entre en vigor
Inmigrantes esperan que recurso impida aplicación de ley SB1070
La comunidad inmigrante se encuentra a la expectativa de ver cómo se aplica esta norma, en caso de que finalmente se dé luz verde a esta regulación.
Foto: Archivo

Phoenix, Arizona – La comunidad hispana alberga la esperanza de que el recurso interpuesto contra la sección de la polémica SB1070 que permite pedir los papeles a quien se sospeche que es indocumentado logre impedir su entrada en vigor este viernes.

El temor entre la comunidad hispana ante la posible entrada en vigor de la sección 2(b) llevó a que una coalición de organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos pidiese anoche a la Corte Federal en Arizona impedir la aplicación de regulación conocida como “enséñame tus papeles”.

El grupo argumenta que la cláusula discrimina a los latinos, sin importar su estatus migratorio, los cuales representan el 30 por ciento de la población de Arizona.

Alessandra Soler, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona, dijo a Efe que en caso de que la corte decida dejar que entre en vigor esta regulación, la comunidad hispana debe saber que tienen derechos.

“La policía podrá cuestionar el estatus migratorio de una persona si tienen una razón, en caso de que estén cometiendo alguna violación de leyes”, explicó Soler.

En su opinión uno de los principales problemas con esta provisión es la definición de “duda razonable” para que la policía pueda pedir “papeles”.

“Es muy difícil determinar el estatus migratorio de una persona solo por el color de su piel y sabemos también que es muy difícil porque ninguna agencia en el estado está dando una guía sobre lo que constituye una duda razonable”, dijo la activista.

Indicó que existe el temor de que la Policía utilice sus propias definiciones como el “acento” de una persona o la forma de vestir, algo que, en su opinión, de ninguna manera puede determinar el estatus migratorio de una persona.

Desde que se supo en junio pasado que el Tribunal Supremo había eliminado la mayoría de las partes más controvertidas de la SB1070, pero había mantenido la sección 2(b), la comunidad inmigrante se encuentra a la expectativa de ver cómo se aplica esta norma, en caso de que finalmente se dé luz verde a esta regulación.

Después de emitir su decisión, el Supremo notificó a la Corte del Circuito Nueve en California que otorgaba un plazo de 25 días para que los abogados pudieran apelar.

Una vez cumplido este plazo, que vence el viernes, la corte puede decidir terminar con la suspensión temporal de esta sección, impuesta originalmente en 2010 por la juez federal en Arizona, Susan Bolton.

Ante posibles problemas con las autoridades a partir del viernes, muchos inmigrantes han acudido a foros comunitarios para saber cómo se pueden proteger de la SB1070, la primera legislación estatal en criminalizar la presencia de indocumentados.

Lydia Guzmán, representante del grupo Respect/Respeto dijo a Efe que aunque la sección 2(b) entre en vigor es importante que la comunidad hispana denuncie cualquier tipo de abuso que sufran a manos de agentes de policía.

Aunque la sección todavía no ha entrado en vigor, Guzmán explicó que su grupo recibió la queja de una mujer, ciudadana de EE.UU., que fue escoltada por la Policía hasta su casa para que mostrara su acta de nacimiento para comprobar su nacionalidad.

Indicó que este tipo de casos podrían servir de base para una acción legal en contra de la SB1070 en el futuro, especialmente si violan los derechos de residentes legales y ciudadanos.

La activista comunitaria aseguró que algunos departamentos de policía se encuentran entre la “espada y la pared”, ya que, en caso de finalmente entre en vigor la sección 2(b), se verán obligados a aplicar la regulación al mismo tiempo que tratan de mantener la confianza de la comunidad inmigrante.

En el sur de Arizona, el jefe de la Policía de Tucson, Roberto Villaseñor, dijo a efe que cada caso será tratado de forma individual y la “sospecha” será diferente para cada uno.

El jefe de policía pidió un voto de confianza por parte de la comunidad para su departamento y sus oficiales, asegurando que lo peor que puede pasar es que haya crímenes que no se denuncien ante el temor de una deportación.