Nuevo México, acusado de discriminación racial

Muchos de sus policías no aplican una ley que les prohíbe caer en sesgos de ese tipo, según un informe

ALBUQUERQUE, Nuevo México.- La mayoría de los organismos policiales de Nuevo México no cumplen con una ley estatal de 2009 orientada a combatir la discriminación racial, de acuerdo con un informe difundido ayer por grupos defensores de los derechos civiles y una organización que aboga por los inmigrantes.

El informe sostiene que menos de un cuarto de los organismos investigados cumplen con la ley que les prohíbe caer en sesgos raciales al realizar su trabajo.

El informe revelado por las oficinas en Albuquerque de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) apunta también que un 20% de los organismos policiales de Nuevo México carecen de normas escritas contra la discriminación racial y que un 24% se niegan a suministrar sus directrices en violación de la ley estatal.

Solamente la Policía del condado de Socorro y los organismos policiales de Santa Fe y Socorro cumplen plenamente con la ley, según el reporte.

La oficina en Nuevo México de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Raza Negra (NAACP) y la organización activista de Santa Fe Somos Un Pueblo Unido difundieron el informe, financiado por el Centro Legal Berkeley para los Derechos Humanos.

El informe fue divulgado mientras iniciaba el juicio contra Joe Arpaio, el alguacil del condado de Maricopa, Arizona, por una demanda que acusa a sus agentes de enfocarse en la población latina cuando realizan patrullas en busca de inmigrantes que viven ilegalmente en el país.

Los demandantes dicen que los agentes al mando de Arpaio realizaron algunas paradas de tránsito con base en la apariencia hispana de los conductores o sus ocupantes, sin tener una causa probable para detenerlos y que sólo ordenaban las paradas para poder interrogarlos acerca de su condición migratoria.

En Nuevo México, seis personas presentaron a principios de mes denuncias de discriminación racial contra la Policía de Farmington y el Departamento del Alguacil del condado de San Juan, alegando que sus agentes se basaron en su apariencia para preguntarles sobre su estatus migratorio.

Somos Un Pueblo Unido también presentó una queja a la contraloría del Departamento de Seguridad Nacional y a su oficina de derechos civiles alegando que los retenes policiales para detectar conductores ebrios o drogados han sido utilizados como puntos de control para detectar inmigrantes indocumentados.

El alguacil del condado de San Juan, Ken Christesen, ha dicho que se invitó a agentes federales de inmigración a la zona de las Cuatro Esquinas para ayudar en la lucha contra los cárteles mexicanos de las drogas, no para encontrar inmigrantes sin papeles.