De la Rúa va a juicio acusado de corrupción

Unos 340 testigos comparecen en un caso que involucra al expresidente argentino
De la Rúa va a juicio acusado de corrupción
El exmandatario argentino Fernando de la Rúa (1999-2001), durante el juicio que se le sigue junto a otros siete acusados.
Foto: EFE

BUENOS AIRES, Argentina.- Un tribunal federal argentino comenzó ayer el juicio contra el expresidente Fernando de la Rúa (1999-2001) y otros siete acusados por su presunta responsabilidad en el pago de millonarios sobornos en el Senado en el año 2000.

Más de 340 testigos desfilarán ante el tribunal durante el juicio, bautizado como “el caso de las coimas (sobornos) en el Senado” argentino, que durará entre seis y ocho meses, según fuentes judiciales.

De la Rúa, acusado de “cohecho activo agravado”, se sentó ayer en la primera fila de bancos para los acusados y no hizo comentario alguno a su llegada a los tribunales, aunque medios locales afirman que ha contratado una agencia para reforzar el trabajo de sus abogados.

De hecho, colaboradores del expresidente distribuyeron un panfleto en el que, en primera persona, afirma que la causa contra él es “absurda y llena de contradicciones”.

“Yo mismo impulsé la denuncia en la Oficina Anticorrupción y levanté el secreto de Estado sobre la SIDE (inteligencia) para que se pudiera investigar”, señala el documento atribuido a De la Rúa (1999-2001).

Los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, del Tribunal Oral Federal 3 de Buenos Aires, someterán a juicio, además, a otros siete antiguos funcionarios y legisladores, todos acusados por el pago de sobornos a senadores para que la cámara alta aprobara una polémica reforma laboral impulsada por el Gobierno de De la Rúa.

Están acusados, además del expresidente, el exdirector de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE, servicio secreto) Fernando de Santibáñez; el exministro de Trabajo, Alberto Flamarique; y los exsenadores del Partido Justicialista (PJ, peronista) Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda.

Todos ellos niegan la versión del otro procesado, el entonces secretario del Senado Mario Pontaquarto, el arrepentido que destapó el caso cuando confesó que había llevado en un maletín el dinero de los sobornos, que, según él, ascendía a 4.3 millones de dólares.

Pontaquarto se mostró ayer dispuesto “a corroborar los hechos, a contar la historia realmente cómo fue y cómo pasó, cómo se pagó, cómo se entregó el dinero hace 12 años, en abril del 2000”, en declaraciones a los medios a su llegada a los tribunales.

El panfleto repartido por los colaboradores del expresidente afirma: “Pontaquarto me incriminó sin pruebas, con un discurso basado en contradicciones y declaraciones que nunca fueron probadas. ¿Qué credibilidad puede tener este personaje? Ninguna”.

Si es encontrado culpable, De la Rúa, que renunció a su cargo en diciembre de 2001 en medio de un estallido social y una severa crisis económica, puede recibir una pena de hasta seis años de prisión, al igual que los otros acusados.

La Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires consideró en 2009 que el pago de sobornos en el Senado en 2000 para aprobar una reforma laboral “fue un acto del Gobierno liderado por Fernando de la Rúa como presidente”.

En noviembre de 2007, Pontaquarto confirmó en un careo judicial con De la Rúa que el expresidente dio el visto bueno al pago de sobornos por 4.3 millones de dólares a senadores para que se aprobara una ley rechazada por los sindicatos.

En la causa estaba también imputado el exsenador radical José Genoud, que se suicidó en 2008, y el exsenador peronista Emilio Cantarero, apartado por su grave estado de salud.

La justicia ha adelantado que llamará a declarar al entonces vicepresidente de Argentina y presidente del Senado, Carlos Álvarez, hoy secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), quien renunció en octubre de 2000 tras las denuncias de sobornos, lo que desgastó la Alianza encabezada por De la Rúa.

También está citada como testigo la presidenta argentina, Cristina Fernández, en su calidad de senadora que votó contra la reforma laboral en el momento en que se produjeron los hechos.

La mandataria pidió declarar por escrito en este juicio, según adelantó la agencia oficial Télam.

De la Rúa es el segundo presidente constitucional argentino que se sienta en el banquillo de losa acusados, tras el proceso que se abrió contra Carlos Menem (1989-1999), que finalmente fue absuelto, por una operación de contrabando de armas a Croacia y Ecuador.