Presas fácil de abuso

'Se llegará hasta las últimas consecuencias', dijo el gobernador de Oaxaca, y ordenó que se atiendan las denuncias

MÉXICO, D.F.- El máximo grado de vulnerabilidad de la población infantil indígena en México quedó expuesto ayer tras las denuncias de violaciones sexuales que presuntamente tienen lugar en algunos albergues de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), administrados por el Gobierno del estado de Oaxaca.

Profesores, personal de limpieza y hasta cocineras fueron señalados como cómplices de ataques a cinco niños en diversas casas que operan en la entidad desde 1972 para atender a niños indígenas de entre seis y 14 años de edad que carecen de aulas para la educación básica en sus pueblos de origen.

En el caso más reciente, se denuncia que un pequeño de siete años fue atacado por tres individuos. “Fue la gota que derramó el vaso. Pero este es un problema muy de fondo sobre las condiciones en general en la que viven los niños”, dijo Concepción Rueda, delegada del CDI oaxaqueño, donde se concentran 18 mil menores -el 25% de los pequeños que utilizan los mil 85 albergues para menores indígenas de todo el país-.

“Se trata de las condiciones de salud (hemos encontrado casos de sarna), desnutrición y sobresaturación. En el 70% de los alberguen duermen más de dos en una cama individual”, agregó Rueda.

La CDI es la responsable de repartir anualmente alrededor de 11 millones de dólares para el funcionamiento de los albergues, pero son la administración local y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación los encargados de operar y vigilar las casas.

Actualmente la CDI opera en 226 albergues distribuidos en las ocho regiones de Oaxaca con la modalidad de dormitorios y comedores; otros 124 son solo comedores con bachillerato.

El gobernador del estado, Gabino Cué, solicitó ayer a Rueda información sobre los sitios en donde se han incurrido las presuntas violaciones y prometió -en una respuesta muy común de los políticos mexicanos- “que llegará hasta las últimas consecuencias” e instruyó a sus subordinados atender las denuncias.

Según la subdelegada de Desarrollo Social, Ana Gazga, la modalidad de internado permite a profesores imponer castigos con morbo, como obligar a los estudiantes a bañarse al aire libre y en su presencia.

En el otro extremo, son víctimas del abandono: en el 26% de los albergues no existe vigilancia nocturna de un adulto y algunas veces los dejan encerrados con llave.

Estas denuncias se suman a acusaciones contra niños indígenas en el estado de Durango.

La organización no gubernamental Semilla documentó en mayo pasado cinco casos de prostitución y abuso sexual infantil en el albergue indígena tepehuano, administrado por la comunidad de Santa María de Ocotán, municipio de Mezquital.

Dos niñas de 10 y 14 años testificaron ante el ministerio público que por las noches eran extraídas del refugio por un adulto para obligarlas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero que pagaban al proxeneta; otros niños revelaron que eran trasladados a terrenos baldíos para ser abusados.

De acuerdo con la consulta Infantil y Juvenil 2012 que elaboró el Instituto Federal Electoral, al preguntar a los niños de todo el país si eran violentados sexualmente en las escuelas, el 9.7% de los alumnos de seis a nueve años respondió que sí. También lo indicaron el 7.8% de los menores de 10 a 12 años y el 3.9% de los de 13 a 15 años.