Hoy se reanudan audiencias por 11-S en Guantánamo

Las comisiones militares creadas durante la Administración Bush para juzgar a los presos islamistas de Guantánamo fueron suspendidas con la llegada a la Casa Blanca de Barack Obama.

Los cinco acusados, recluidos en la base naval de la Bahía de Guantánamo junto con otros 169 presos, afrontan la posibilidad de la pena capital.

Los cinco acusados, recluidos en la base naval de la Bahía de Guantánamo junto con otros 169 presos, afrontan la posibilidad de la pena capital. Crédito: AP / Archivo

Washington.- La comisión militar de Guantánamo que lleva el caso contra los presuntos responsables de los ataques del 11-S en EEUU retoma hoy las audiencias de preparación del juicio, con la sombra de la tortura y las acusaciones de censura como principal argumento de la defensa.

En estas nuevas audiencias, que tendrán lugar casi once años después de los atentados del 11-S y se prolongarán durante una semana, se escucharán los argumentos de los abogados defensores del presunto autor intelectual Jalid Sheij Mohamed, y otros cuatro cómplices.

Como eje central de las denuncias de la defensa se encuentra la llamada cláusula de “presunta clasificación”, por la que se asume que los acusados han tenido acceso a información clasificada durante sus interrogatorios que puede afectar a la seguridad nacional de EE.UU.

Debido a esta condición legal, los abogados de la defensa no pueden responder a preguntas sobre sus reuniones con los presos de Guantánamo y no están autorizados a preguntar o tratar los años que personas como Sheij Mohamed pasaron en cárceles clandestinas de la CIA o sobre sus ideas de la yihad.

En esta ocasión, el juez James L. Pohl, que preside la comisión militar de Guantánamo, permitirá que varios grupos pro derechos civiles y medios de comunicación, autodenominados “Objetores de Prensa” (Press Objectors), presenten sus argumentos orales.

La abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que representará a este colectivo, Hina Shams, indicó que la petición del Gobierno de EE.UU de que “puede mantener oculto al público los testimonios de los acusados sobre sus torturas es legalmente insostenible y moralmente aborrecible”.

“Si el Gobierno mantiene la censura sobre los testimonios de tortura, las comisiones ciertamente no serán vistas como legítimas”, agregó en un comunicado enviado a Efe.

Los periodistas y el público pueden escuchar los argumentos esgrimidos durante el juicio pero lo hacen con un retraso de cerca de 40 segundos, para que las autoridades militares decidan si lo comentado es información clasificada.

En caso positivo, el audio es interrumpido y lo comentado queda omitido.

En las audiencias previas, celebradas en mayo, la defensa de los acusados de planificar los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Washington y Nueva York ya denunció que el trato inhumano y las torturas inhabilitaban el proceso y no creían que pueda darse un juicio imparcial.

Entonces, tanto Jalid Sheij Mohamed como los otros cuatro acusados por participar en los atentados del 11-S se negaron a contestar a las preguntas del juez de la comisión militar de Guantánamo, según los defensores en protesta por el trato que reciben en la prisión.

La propia CIA ha reconocido haber sometido a Sheij Mohamed al “waterboarding”, o ahogamiento simulado, técnica de interrogatorio clasificada por Estados Unidos como tortura, así como a tratamientos vejatorios y amenazas.

Los acusados han pasado casi seis años en Guantánamo y otros tres años en cárceles clandestinas de la CIA tras su captura en la guerra contra el terrorismo islamista del presidente George W. Bush.

Las comisiones militares creadas durante la Administración Bush para juzgar a los presos islamistas de Guantánamo fueron suspendidas con la llegada a la Casa Blanca de Barack Obama, quien esperaba que los casos se trataran en tribunales federales.

Sin embargo, las quejas de la oposición republicana y las presiones de otros grupos llevaron a que estos juicios marciales, que pueden condenar con la pena capital, se mantuvieran en efecto con nuevas normas.

Los cinco acusados, recluidos en la base naval de la Bahía de Guantánamo junto con otros 169 presos, afrontan la posibilidad de la pena capital por la muerte de 2,976 personas.

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