Negocian exención educacional en CA

WASHINGTON, D.C.- El Secretario de Educación Arne Duncan, aseguró ayer, que las conversaciones para entregar una exención de la ley de educación “No Child Left Behind” (NCLB) a California, “están avanzando”, pero dejó claro, que la aplicación actual no es suficiente.

Actualmente las escuelas están sujetas a las exigencias y limitaciones de la legislación educacional vigente (NCLB), que recorta fondos federales, por bajo desempeño. Desde 2009 se esperaba que el Congreso concretara una reautorización de la ley de manera integral. Sin embargo, hasta ahora, nada ha ocurrido.

En septiembre de 2011 el Gobierno anunció que daría exenciones a los estados para librarse de ciertas disposiciones claves de la ley, siempre que apoyaran algunos cambios.

Entre ellos, nuevos parámetros que preparen a los estudiantes para la universidad, adoptar los estándares de educación nacionales, fijar nuevas metas para mejorar el desempeño de alumnos, recompensar a las escuelas de mejor rendimiento, evaluar a los profesores y enfocarse en grupos de jóvenes con las notas más deficientes, como niños con discapacidades e inglés limitado.

Hasta el momento, 33 estados han accedido a este beneficio, pero California está en la lista de los pendientes. El estado presentó una propuesta en junio, que se aleja de algunos de los parámetros esenciales para el Gobierno, como por ejemplo las evaluaciones de profesores ligadas al desempeño de los estudiantes y la adopción de estándares educativos nacionales.

California quiere que la exención incluya mayor flexibilidad respecto al gasto de fondos federales, orientados a mejorar los programas educacionales. También, quiere ser evaluado sólo basado en la medida estatal de éxito académico, en lugar de depender de la medición con responsabilidad a nivel federal.

“Todavía estamos en conversaciones con California, creo que ellos presentarán una aplicación más sustantiva. Hemos tenido varias conversaciones al respecto, queremos colaborar con ellos. El plazo final para este año fiscal es el 6 de septiembre. Estamos esperando que potencialmente California y otros estados se incorporen”, dijo Duncan a La Opinión, durante una mesa redonda con periodistas hispanos

Duncan agregó que no ha tenido pláticas directas con el gobernador, pero que su personal “ha estado en comunicación durante las últimas dos semanas. Desde nuestra perspectiva, la conversación se ve muy positiva”, comentó. “Pienso que está avanzando. Estoy esperanzado”, resaltó.

Por otra parte, la directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, se refirió a los beneficios de acción diferida, para los “dreamers” y especificó que es decisión de los estados -en este caso Arizona y Nebraska- negarle el acceso a licencias de conducir a los jóvenes.

“Lo único que podemos hacer a nivel federal es que el proceso de acción diferida avance sin interrupciones. Todos entendemos que esto es algo temporal. El Presidente ha enfatizado que los jóvenes merecen algo permanente, algo mejor que organizar su vida cada dos años, por eso es imperativo que continuemos empujando por el “DREAM Act”, explicó Muñoz.

“En cuanto a las matrículas universitarias estatales, eso de nuevo, es una decisión que le corresponde a los estados. El Gobierno no tiene entrada en ese proceso […] los estados entienden, así como nosotros, que la acción diferida sirve por dos años y es renovable. Eso no implica certeza para estos estudiantes y los estados pueden estar argumentando que tampoco les da seguridad a ellos. Pero al final del día, ellos toman la decisión”, agregó.

“Con la falta de acción en el Congreso, muchos estados ya han implementado la política de matrículas estatales. Ese es un paso en la dirección correcta. Estos jóvenes son emprendedores, innovadores, generadores de empleo y decirles que no tienen la oportunidad de ir a la universidad, es una locura”, comentó Duncan.

Cuando el año escolar recién comienza, ambos funcionarios del Gobierno se mostraron esperanzados en que el próximo Congreso, avance en la reautorización de la ley educacional, una meta que durante estos últimos tres años, ha sido imposible de alcanzar.