Víctimas de delitos temen a los policías por SB1070

Denuncian que en Arizona los agentes se han excedido con la ley SB1070
Víctimas de delitos temen a los policías por SB1070
María Leyba de Phoenix protesta contra la ley de inmigración SB1070 en Arizona.
Foto: AP / Matt York

TUCSON, Arizona.- Miembros de la comunidad hispana en el sur de Arizona denuncian ser víctimas de la aplicación del perfil racial por parte de la Policía tras la entrada en vigor de la sección “muéstrame tus papeles” de la ley estatal SB1070.

Martha Ángel Castillo, voluntaria con la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, dijo que uno de los casos que actualmente está trabajando es el de una mujer que se identificó solamente como “María Estela” y quien tras 12 años de sufrir de violencia doméstica se atrevió a denunciar a su esposo.

“Cuando la policía llegó a su hogar, su esposo (un ciudadano estadounidense) le dijo al oficial que María Estela era una inmigrante indocumentada, por lo que el policía la llamó hacia afuera y la esposó de inmediato”, relató ayer Ángel Castillo durante un foro comunitario en la ciudad de Tucson.

La activista agregó que la policía llamó a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que arrestó a la inmigrante y solo al día siguiente la llevaron a un hospital local donde recibió atención médica por los golpes recibidos.

Angel Castillo aseguró que este caso, que se dio unos días después de que la sección 2(b) de la SB1070 entrara en vigor la semana pasada, demuestra que la policía estaba más interesada en cuestionar el estatus migratorio de esta mujer que en brindarle la ayuda y la protección que necesitaba.

La controvertida legislación otorga el poder a los departamentos policiacos locales y estatales en Arizona de cuestionar el estatus migratorio de las personas que sospechen que se encuentran de manera ilegal en los EEUU.

Otro que relató su propia experiencia fue “Carlos”, un inmigrante legal, quien pidió que su apellido fuera omitido.

El inmigrante mexicano dijo que el pasado 16 de septiembre fue detenido por la policía de caminos en la ciudad de Tucson, según el inmigrante, por su “apariencia” hispana.

Tras entregar el registro y el seguro del auto al agente, se percató que no traía consigo su licencia de conducir, por lo que el agente le preguntó si alguien de su familia podía traerla.

Su esposa, acompañada de su hija, le llevó el documento, pero los policías de inmediato comenzaron a cuestionar también la identidad de la mujer.

“Mi esposa les entregó su licencia de conducir de México, le pidieron otra identificación y entregó la matricula consular, después decidió quedarse en silencio”, relató el inmigrante.

Después de una larga espera, mientras los agentes llenaban los papeles de la infracción llegó la Patrulla Fronteriza para indagar por el estatus migratorio de la pareja.

“No entiendo por qué en primer lugar a mi esposa le pidieron su documentación, si ella ni siquiera iba conmigo en el carro, solamente me llevó la licencia de conducir”, afirmó.

La esposa de “Carlos” fue detenida y ahora se encuentra en el centro de detenciones para inmigrantes indocumentados de Eloy.

Por su parte, Roberto Villaseñor, jefe de policía de la ciudad de Tucson, quien escuchó los testimonios presentados en el foro comunitario aseguró que cada historia tiene dos partes y que muchas veces al investigar los casos resulta que no ocurrieron como se narran.

“Estamos todavía en proceso de entrenamiento”, dijo Villaseñor a Efe respecto a la aplicación de la sección de la ley de inmigración de Arizona.

Villaseñor dijo que su departamento estableció una línea directa con la Patrulla Fronteriza para tener una mejor respuesta en casos en los que se necesite verificar el estatus migratorio de una persona.

“La Patrulla Fronteriza no responde a cada caso, nos hacen algunas preguntas y ellos responden de acuerdo a sus prioridades. Nosotros cumplimos con la ley estatal al contactarlos y notificarlos sobre la persona que estamos cuestionando”, aseguró Villaseñor.

Por su parte, la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve en California negó el martes la petición de un grupo de organizaciones civiles para establecer una suspensión temporal a la implementación de la sección 2(b) de la SB1070.