Seguros para conductores cambiarán si se aprueba la Prop. 33

Los conductores que cancelaron su póliza de seguro podrían enfrentarse a tarifas más altas

George Joseph, ejecutivo multimillonario del sector de seguros, ha luchado con el defensor de los consumidores, Harvey Rosenfield, durante dos décadas por la famosa ley de seguros para automóviles de California.

En las elecciones de noviembre, vuelven a combatir por la iniciativa de la hoja de votaciones que dejaría sin efecto la disposición de la ley de 1988 y permitiría a las compañías de seguros establecer la tarifa de sus pólizas según los antecedentes de cobertura del conductor.

La Propuesta 33 le permitiría a toda persona, que conservó durante cinco años sin ningún retraso de 90 días en sus pagos, mantener un descuento por “cobertura continua”, aunque haya cambiado de compañía aseguradora. Los opositores a la propuesta sostienen que los conductores que hayan descontinuado la póliza de seguros en el pasado pagarían primas más altas.

Hace dos años se rechazó una propuesta casi idéntica, en parte porque se temía que el personal militar se viera perjudicado. Esta versión deja exentos a los miembros de las fuerzas armadas y otorga un período de 18 meses de gracia a las personas que perdieron su empleo.

Joseph, presidente de Mercury General Corp., y otros defensores sostienen que el cambio bajaría las tarifas del 85% de conductores que ya tiene una póliza de seguro para su automóvil. Rachel Hooper, asesora de la campaña a favor de la Propuesta 33, califica a la medida como una situación que favorece tanto a la empresa como a los clientes.

“George Joseph realmente cree en la competencia y en abrir el mercado y dejar que los clientes elijan la compañía de seguros que deseen”, dijo.

La iniciativa también ayudaría a Mercury y a las demás aseguradoras a captar conductores de la competencia, ya que el descuento por “cobertura continua” estaría asociado con el conductor.

Los grupos en defensa de los consumidores afirman que la iniciativa perjudicaría a los estudiantes, a las personas que se encuentran recuperándose de una enfermedad, las personas sin empleo a largo plazo y demás personas que cancelaron el seguro de su automóvil por motivos que consideraban válidos.

“Es como si un ladrón de bancos presentara una iniciativa en la hoja de votación para legalizar los robos de bancos”, dijo Rosenfield, fundador de Consumer Watchdog con sede en Santa Mónica. “Desde mediados de la década de 1990, Mercury ha liderado esta campaña para cobrar recargos a las personas que no tenían seguro en el pasado”.

Rosenfield afirmó que la iniciativa les permitiría a las empresas subir las tarifas a las personas que habían cancelado provisoriamente su cobertura por no poder realizar el pago mensual, y esto podría conllevar a una mayor cantidad de conductores sin seguro.

Esta iniciativa es necesaria para evitar la Propuesta 103, la ley redactada por Rosenfield en 1988 que obliga a las aseguradoras a fijar tarifas en base a tres factores solamente: experiencia del conductor, cantidad de millas al año y antecedentes de seguridad. Los antecedentes de cobertura están excluidos específicamente.

Si los votantes aprueban la Propuesta 33, las compañías de seguros tendrían la opción de cobrar tarifas más altas a los conductores previamente sin seguro, aunque igual deberán regirse por la Propuesta 103 que prohíbe el cobro de tarifas excesivas.

En Texas, las tarifas de Mercury Insurance son 27.8% más altas para los conductores sin seguro que para los que ya cuentan con cobertura. En California, Mercury ofrece un descuento del 5% a los clientes que se mantienen fieles a la compañía.

Ese cálculo preocupa a Kelsey Craven, estudiante de segundo año en la Universidad de San Francisco, que afirma que su familia tiene dificultades para ahorrar dinero y compensar los recortes sufridos en la ayuda financiera del estado. Le gustaría cancelar el seguro del automóvil que mantiene en el garaje de la casa de sus padres en Sacramento, pero le preocupa que al final termine pagando más dinero a largo plazo, si cambian las reglas para fijar tarifas del estado.

“Hay probablemente miles de estudiantes en la misma situación que yo, que ahora estudian y cuando se gradúen necesitarán otra vez su coche”, dijo Craven, que estudia ciencias políticas. “Ya estamos pagando préstamos para estudiantes y tendremos que pagar extra por el seguro del automóvil”.

Nan Brasmer dijo que el cambio podría perjudicarla cuando se someta a cirugía de rodilla el año próximo y deba dejar de conducir por varios meses.

“Ya está todo lo suficientemente difícil”, dijo Brasmer, de 74 años, presidente de la Alianza de Estadounidenses Jubilados de California. “Pago 50 dólares por mes por mi seguro, suficiente para pagar la factura del agua o comprar algunos alimentos”.

En 2010, Joseph gastó 12 veces más que sus opositores a la iniciativa, y una vez más está asignando varios millones a la campaña. El ejecutivo de 91 años que también venció a Greenlining Institute, con sede en Berkeley, un grupo en defensa de la justicia económica que se opuso a su medida de 2010.

El director ejecutivo de Greenlining, Orson Aguilar, afirmó que apoya la Propuesta 33 porque incluye una exención para los miembros activos de las fuerzas armadas y también porque reducirá las tarifas del seguro de la mayoría de los conductores. El instituto aceptó una donación de 195,000 dólares de Joseph.

Brian Sullivan, editor del boletín de noticias Auto Insurance Report, considera que Joseph y Rosenfield “son dos contrincantes que están a la altura del debate” y ambos presentan argumentos convincentes.