Acepta que mató a agente Mexicano dice haber matado a un agente de la Patrulla Fronteriza

El hombre se declara culpable del fallecimiento de Brian Terry

TUCSON, Arizona (AP).— Un ciudadano mexicano se declaró culpable ayer por la muerte de un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense durante un tiroteo ocurrido cerca de la frontera internacional en un caso relacionado con la fallida y polémica operación para rastrear el tráfico de armas a México, conocida como “Rápido y Furioso”.

Manuel Osorio Arellanes, tras reconocer que cometió un homicidio intenciona, es el primer individuo hallado culpable por la muerte del agente Brian Terry, ocurrida en diciembre de 2010. Osorio Arellanes, originario de la localidad de El Fuerte, en el estado noroccidental mexicano de Sinaloa, podría ser condenado incluso a cadena perpetua.

Dos fusiles comprados por un grupo de traficantes de armas, que era vigilado por el Gobierno como parte de la operación “Rápido y Furioso”, fueron encontrados en el lugar del tiroteo.

Las autoridades se han negado a señalar si el arma homicida estuvo vinculada con las compras realizadas por esos contrabandistas. Tampoco han precisado cuál de los cinco hombres acusados por la muerte de Terry hizo el disparo fatal. Osorio Arellanes fue herido de bala durante el enfrentamiento y permanece a disposición de las autoridades desde la noche del tiroteo. De acuerdo con el FBI Osorio Arellanes dijo a los investigadores que apuntó el arma hacia los agentes durante la balacera, pero que no abrió fuego. De los otros cuatro acusados por el homicidio uno está preso y los demás prófugos. Las autoridades ofrecen una recompensa de un millón de dólares por información que lleve a su captura.

La operación “Rápido y Furioso” comenzó en 2009 con el objetivo de rastrear a los cabecillas del tráfico de armas. Sin embargo, los agentes le perdieron la pista a unas mil 400 de las dos mil armas compradas por contrabandistas, incluidos fusiles AK-47 y otro armamento de asalto y de alto poder.

Algunas armas adquiridas ilegalmente, con conocimiento del Gobierno, fueron halladas después en lugares de crímenes tanto en México como en Estados Unidos.

La crítica ha llovido sobre las autoridades federales por permitir que compradores testaferros se alejaran de las tiendas en el área de Phoenix con las armas que acababan de comprar en vez de detener de inmediato a los sospechosos e incautarse del armamento.