Prop. 32, una lucha por el poder político

Proponentes y opositores han gastado 128.2 millones de dólares
Prop. 32, una lucha por  el poder político
Estudiantes, maestros, padres de familia, trabajadores y sindicalistas se unieron para hacer campaña en favor de la Proposición 30 y en contra de la 32.
Foto: La Opinión - Ciro Cesar

La Proposición 32 establece que tanto corporaciones como sindicatos estarían inhabilitados para deducir dinero de la nómina de los trabajadores y destinarlo a campañas políticas, por eso quienes impulsan esta iniciativa la llaman “Paycheck Protection” (protección salarial).

Sin embargo, a decir de quienes están en contra, que son los sindicatos, aseguran que es una maniobra de las corporaciones para quitarle poder político a los trabajadores.

“Los intereses de las corporaciones son quienes están detrás de la 32, serían sólo las uniones las afectadas, que son las que requieren de ese dinero para la política”, explicó ayer Gillian Russom, portavoz de la campaña en contra de la Proposición 32.

La campaña “Yes on 32” asegura que esta medida detendría el dinero que impulsa las carreras de políticos atados a intereses especiales de grupos.

“Los sindicatos y las corporaciones no usarían dinero deducido del cheque del trabajador para propósitos políticos. Los sindicatos, las corporaciones y los contratistas del gobiernos estarían sujetos a restricciones adicionales de financiamiento de campañas”, establece la Oficina de Análisis Legislativo (LAO).

“Pero las corporaciones no usan ese proceso, porque tienen ganancias que pueden invertir en la política, los trabajadores sólo tenemos los fondos de la unión para luchar por nuestros derechos y poder participar en la política, con la 32 se callaría nuestra voz”, dijo Russom, quien es maestra de historia en la preparatoria Roosevelt.

La Proposición 32 prácticamente eliminaría las aportaciones económicas de los sindicatos a favor de candidatos y de medidas legislativas.

Los intereses de que afecta y beneficia la Proposición 32 ha provocado que sea la iniciativa en la que más se ha desembolsado dinero tanto por los proponentes como por los que se oponen, en total $128.2 millones de dólares.

Entre quienes impulsan la Proposición 32 están grupos empresariales encabezados por el magnate Charles Munger Jr. y el expresidente de Univision, Jerry Perenchio, además de organizaciones como American for Responsible Leadership y American Future Fund. Sólo entre estos cuatro han aportado 52.2 millones de los $59.4 millones que ha recabado la medida a su favor.

Las mayores aportaciones económicas para derrotar esta medida han llegado de las arcas de los sindicatos: California Teachers Association ($20.9 millones), SEIU ($13 millones) AFL-CIO/Change to Win ($5.9 millones).

En total, con las donaciones de una veintena más de sindicatos, se han logrado juntar $68.8 millones para rechazar esta proposición.

Fernando Bravo Ledesma, miembro de la mesa directiva del Sindicato de Maestros de Los Ángeles (UTLA), explicó que están en contra de la 32 porque son las agrupaciones sindicales las que protegen al trabajador, no las corporaciones.

“De esta forma quieren limitar nuestro poder como trabajadores”, mencionó ayer durante un evento en contra de la Proposición 32 realizado en la Plaza del Mariachi, en Boyle Heights.

“Los sindicatos somos los únicos que exigen los derechos para los trabajadores y a las corporaciones no les gusta eso, porque no quieren dar derechos ni beneficios a los trabajadores y nos ven a las uniones como una amenaza”, agregó.

Quienes promueven esta medida establecen que de acuerdo con Maplight.org, el 79% de las contribuciones de campaña para los legisladores de California proviene de donadores que están fuera del distrito al que representa.

También argumentan que en las campañas políticas de 2010, las corporaciones, asociaciones empresariales y sindicatos dieron $89 millones a políticos estatales, por lo que consideran que de esa forma se amarran compromisos y son esos intereses especiales los que controlan Sacramento y no los votantes.

Sin embargo, sus detractores aseguran que ha sido creada intencionalmente para favorecer a las grandes empresas petroleras, a Wall Street, a billonarios y a organizaciones secretas de campaña conocidas como Super PAC para así tener el control del gobierno.

La Proposición, como esta escrita, prohibirá que se contribuya dinero a campañas por parte de organizaciones que obtengan sus ingresos por medio de retenciones provenien de los empleados, pero no incluye los recursos que donan las corporaciones, comercios o personas.