Soñadores contra la gobernadora Brewer

Jóvenes alegan que la orden ejecutiva de la gobernadora republicana de no otorgar licencia a los beneficiarios de DACA viola la ley
Soñadores   contra   la gobernadora Brewer

PHOENIX, Arizona.— Alejandra López saltó de alegría cuando recibió su permiso de trabajo por correo gracias al plan de acción diferida del presidente Barack Obama que suspende la deportación de jóvenes que llegaron al país sin documentos de pequeños.

Su entusiasmo para conseguir un empleo en una ciudad a más de 40 minutos de su casa se vio derrumbado cuando le negaron el acceso a una licencia de conducir como resultado de una orden ejecutiva de la gobernadora Jan Brewer de Arizona.”Es mucho trabajo para mí y para mi esposo que yo no pueda manejar. El trabaja de noche entonces llega a la casa a las seis de la mañana y a veces yo tengo que llevar al niño al doctor,” dijo López, de 19 años.

López es una de las demandantes en un litigio sometido ayer ante la Corte Federal del Distrito de Arizona por una coalición de abogados que representa a otros cuatro jóvenes y a la Coalición por el DreamAct de Arizona (ADAC).

En la demanda se argumenta que la orden ejecutiva de la gobernadora republicana está en conflicto con la Constitución porque el gobierno federal es quien tiene la jurisdicción para regular el campo de la inmigración y no el estado.

Por otra parte, los demandantes también sostienen que Brewer está violando la Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución al discriminar contra los jóvenes que obtienen acción diferida mediante el plan conocido como DACA y no en otros casos.

De acuerdo a registros públicos obtenidos por el diario Arizona Republic el Departamento de Motores y Vehículos (MVD) ha otorgado más de 40,000 licencias de conducir e identificaciones a personas con permiso de trabajo en 8 años.La gobernadora Brewer emitió una orden ejecutiva el 15 de agosto -el mismo día en que entraba en efecto el proceso de solicitudes de DACA-indicando que estos jóvenes carecían de un estatus legal para acceder a las licencias.

Matt Benson, el vocero de Brewer, dijo que la ley estatal de Arizona prohíbe otorgar beneficios como el de una libreta de conducir a alguien que no esta legalmente presente en el país. “A diferencia de otros casos que recibieron acción diferida anteriormente, el programa de DACA no ha sido ni aprobado por el Congreso ni está prescripto dentro de la ley federal”, agregó Benson.

Jennifer Chang Newell, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), explicó que la deportación diferida a la que accedieron estos jóvenes no es diferente de la que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dado a otros.La abogada enfatizó que no es un proceso nuevo, sino que el gobierno lleva varios años utilizando este mecanismo en casos de refugiados, víctimas de violencia doméstica o de tráfico y explotación sexual.

Newell indicó que en muchos otros casos no ha sido el Congreso quien dispuso como implementar la acción diferida sino DHS organismo que tiene discreción por ley federal para implementar los procesos de migración. “La acción diferida no es una forma de estatus migratorio, pero eso no quiere decir que no están autorizados para estar legalmente en el país,” agregó.

En Arizona se estima que hay más de 80,000 jóvenes como López que llegaron al país ilegalmente de niños y podrían calificar para la suspensión de su deportación obteniendo un permiso de trabajo temporal. Más de 10,000 ya han presentado su solicitud en el estado.