Desaparecidos en duda

Divulgan una supuesta lista oficial de 20,851 que no se han encontrado desde 2006

EDITORES: Con AP Fotos.

MEXICO, D. F. (AP).— El policía federal Luis Angel León desapareció a finales de 2009 en el estado occidental de Michoacán cuando con seis de sus compañeros se dirigía a suplir a agentes municipales en medio de la lucha contra el narcotráfico que emprendió el Gobierno anterior.

Desde entonces, su madre Araceli Rodríguez ha hecho público el caso de su hijo dentro y fuera de México, y aunque ha recibido algunos indicios sobre lo que le podría haberle sucedido, hasta ahora no ha tenido ninguna certeza sobre su paradero, en un drama que alcanza a miles más de personas pero de cuya magnitud tampoco nadie parece tener certidumbre.

El problema de las desapariciones en México en los últimos años, sobre todo en medio de la lucha contra el narcotráfico, ha vuelto a ponerse en los reflectores luego de que una organización civil divulgó la víspera una supuesta base de datos oficial en la que se enlista por primera vez un número específico de personas desaparecidas: 20,851 entre 2006 y 2012.

Una base de datos, sin embargo, que más allá de generar certezas, ha comenzado a generar dudas e incluso molestia.

Dudas porque no incluyen casos que algunas organizaciones o familias han denunciado y enojo porque en caso de que esa base sea oficial no refleja tampoco lo que esos mismos grupos y personas esperan que contenga.

La lista de desaparecidos refiere casos de albañiles, amas de casa, abogados, estudiantes, empresarios, policías, militares y políticos, además de más de 1,200 menores de 11 años, aunque no incluye a todos.

La desaparición del hijo de Rodríguez el 16 de noviembre de 2009 no se encuentra en la lista, supuestamente filtrada por la Procuraduría General de la República a una periodista extranjera y hecha pública por el grupo Propuesta Cívica A.C. No aparece, a pesar que ella misma se ha mantenido en contacto con las autoridades para dar seguimiento al caso y que en diversas oportunidades ha hablado en foros públicos sobre lo que sucedió.

“Yo creo que ninguna instancia [autoridad] tiene una base de datos completa”, dijo Rodríguez el viernes a The Associated Press.

Un funcionario de la PGR, no autorizado a ser identificado por políticas internas de la dependencia, dijo la víspera a la AP que la Procuraduría no tenía conocimiento de la existencia de esa base de datos.

De hecho, medios de comunicación han manejado que la cifra podría ser de más de 25 mil con base también en supuestas base de datos oficiales, pero que no han sido divulgadas como esta.

“Nos preocupa que varias de las personas desaparecidas en Coahuila de las que nosotros hemos presentado denuncias no aparecen en la famosa base de datos”, dijo el viernes a la AP Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que en los últimos años ha dado seguimiento a casos de desaparecidos en ese estado del norte del país afectado por la presencia del narcotráfico.

También asesora del grupo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), Martínez refirió que sólo entre 2007 y 2012 han registrado 290 casos de personas desaparecidas. La base de datos divulgada el jueves, sin embargo, sólo refiere 272 casos desde 2006.

Dijo que en una primera revisión sí han encontrado algunos casos que su organización tiene registrada, pero no existen muestras de que se haya avanzado en su solución.

“Sí, hay varios casos de los que nosotros tenemos registrados y no nos queda duda de que las autoridades han hecho absolutamente nada”, añadió.

El tema de las víctimas y los desaparecidos en el marco de la lucha contra el narcotráfico comenzó a tomar una atención distinta, luego de que en 2011 el entonces presidente Felipe Calderón recibiera en público a miembros del Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia luego de que ese año su hijo fuera asesinado presuntamente a manos de delincuentes.

El movimiento le dijo que había miles de asesinados y desaparecidos, y que independientemente de si eran presuntos delincuentes debían ser tratados como víctimas.

El Gobierno comenzó a señalar que trabajarían en una base de datos de desaparecidos, pero hasta el momento las autoridades no han hecho pública ninguna.