Vernon revisará quejas de abusos

Jefe de la Policía de Vernon dice que examinará su política de decomiso de autos a conductores sin licencia tras acusaciones de perfil racial
Vernon revisará quejas de abusos
Daniel Calleros, jefe de la Policía de Vernon (D) se reunió con el público que se quejó de supuestas infracciones injustas.
Foto: La Opinión - Ciro Cesar

El nuevo jefe de la Policía de Vernon, Daniel Calleros se comprometió a revisar la política de decomiso de coches a conductores sin licencia, analizar las cifras de incautaciones e investigar las acusaciones de perfil racial que pesan contra agentes de la corporación.

“Tomo estas quejas con mucha seriedad”, expresó ayer Calleras en una reunión con grupos de defensa legal, organizaciones civiles y residentes de ciudades del sureste del condado de Los Ángeles.

Desde el 2011, la Policía de Vernon, que patrulla un territorio de apenas cinco millas cuadradas, ha sido señalada por usar presuntos estereotipos raciales para detener a conductores sin licencia y confiscar sus vehículos por un mes (por lo cual deben pagar unos 1,500 dólares).

La Liga Nacional de Abogados (NLG) ha defendido tres casos donde un agente decomisó tres autos en dos meses por esta razón: la placa era cubierta supuestamente por el remolcador. De diciembre de 2012 a enero de 2013, el grupo ha representado otros tres casos, todos ocurridos en la avenida Santa Fe.

“En Vernon están atacando a los inmigrantes”, expresó Cynthia Anderson-Barker, de la NLG.

Esta semana le pasó a Narciso Morales, un residente de Cudahy que trabaja en el centro de Los Ángeles. Un policía de Vernon lo detuvo alegando que conducía con el celular en la mano. Su coche está ahora en un corralón; lo podrá recuperar hasta el próximo mes.

“Hay muchos más casos. El policía que me quitó el coche me dijo que todo el día había estado recogiendo carros”, dijo Morales, quien desde 2005 porta una licencia de California vencida, porque su condición indocumentada le impide renovarla.

El pasado 4 de enero también le confiscaron el coche a Teresa Santiago, quien trabaja en un taller de costura de Vernon desde hace cuatro años. El policía le dijo que tenía los vidrios oscuros. Ella no piensa pagar la cuota para recuperar su auto, un Honda Civic modelo 1997. Si ahí lo deja lo subastarán.

“Vale lo mismo que el coche”, dijo esta residente de South Gate.

Vernon tiene una población de apenas 112 habitantes, pero ahí trabajan unas 46,000 personas, de los cuales una cantidad no identificada son indocumentados. Además, es un territorio por el cual cruzan miles de inmigrantes que viven en ciudades del sureste del condado de Los Ángeles.

El pequeño municipio de Vernon trata de sacudirse el escándalo de corrupción por funcionarios que se elevaron el sueldo y las prestaciones.

Los activistas, abogados y vecinos que ayer se reunieron con el jefe Calleros temen que la Policía de Vernon esté incurriendo en prácticas ilegales deliberadamente, por ello le pidieron seguir los pasos de la Policía de Los Ángeles (LAPD) y detener las incautaciones extensas.

“La gente evita pasar por Vernon, odia a esta Policía. Se sospecha que aquí están ocurriendo casos de corrupción como en Maywood”, dijo Carlos Husman, del grupo Padres Unidos de Maywood (PUMA).

Calleros, quien asumió el cargo el pasado 8 de enero, luego de ser jefe interino, indicó que ha incrementado la cantidad de accidentes en esa ciudad, la mayoría ocasionados por choferes sin licencia. “Por eso estamos aplicando las leyes”, dijo el jefe policiaco, pero no metió las manos al fuego por sus elementos. “Voy a investigar las razones por las que estamos aquí”, recalcó.

El alcalde Antonio Villaraigosa afirmó el martes en una entrevista con La Opinión que la política del LAPD ha sido exitosa y lanzó esta recomendación a las agencias del orden que aún no la aceptan: “Sigan a los criminales, a los pandilleros, esta gente [los indocumentados] está trabajando”.

El viernes, los activistas se reunirán con el jefe del Sheriff, Lee Baca, quien ya ha dicho que no tiene la intención de aplicar la norma del LAPD. Desde 2007 esa corporación, que patrulla un territorio de 3,171 millas cuadradas, ha incautado más de 136,000 vehículos.