Dudan de ley de decomiso de autos a indocumentados

Juez pone en duda legalidad de la llamada Orden Especial 7
Dudan de ley de decomiso de autos a indocumentados
California no otorga licencias de manejo a los indocumentados, y hay conflicto con la aplicación de regulaciones que exigen el decomiso de vehículos a conductores sin licencia de manejo.
Foto: Archivo/Aurelia Ventura / La Opinion

Un juez de la Corte Superior de Los Ángeles dudó ayer de la legalidad de la Orden Especial 7 de la Policía de esta ciudad, que eliminó los decomisos por 30 días de los autos conducidos por indocumentados, y dejó que avanzaran las demandas que se entablaron contra esa política.

En una audiencia realizada este viernes, el juez Terry Green concordó con la postura del sindicato de Policías de Los Ángeles (LAPPL) y del grupo legal Judicial Watch sobre que el Código de Vehículos de California otorga a los policías la discreción de incautar los coches a los conductores sin licencia, pero argumentó que “la Orden Especial 7 dice otra cosa”.

Con esto, Green no estuvo de acuerdo con la Procuraduría de Los Ángeles y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de eliminar las demandas interpuestas por dichas organizaciones.

“Quiero que ambas partes tengan la habilidad de desahogar los potenciales cuestionamientos”, dijo Green, quien también indicó que la intervención del sindicato de Policías es justa, porque es un asunto que afecta a los agentes en su ámbito laboral.

En vigor desde el 22 de abril, la Orden Especial 7 eliminó la incautación de coches por un mes para los conductores sin licencia de manejo por su condición indocumentada que no sean culpables de un accidente, porten identificación apropiada y muestren registro y seguro vehicular.

Poco antes de entrar en vigor, el sindicato de Policías demandó a la Ciudad de Los Ángeles por supuesto conflicto con el Código de Vehículos de California, que establece el decomiso cuando un conductor no tiene una licencia de manejo. Un mes después, Judicial Watch entabló otra, reclamando además por el uso de dinero público para aplicar una norma que, según éste, pone en peligro a los angelinos.

“Es una política de la legislatura que los policías tengan esa discreción y, lo más importante, es que envía un fuerte mensaje para desalentar a la gente sin licencia que conduce. Lo que la Comisión [de Policía] está haciendo es eliminar esa acción”, expresó Paul Orfanedes, director de litigaciones de Judicial Watch.

“Lo que la ciudad de Los Ángeles y el LAPD deben hacer es seguir lo que la legislatura quiere”, agregó.

Desde la década de 1990, el estado de California no otorga licencias de manejo a los indocumentados.

En 2011, más de 125,000 vehículos fueron confiscados en esta ciudad por policías y agentes de tránsito, generando un ingreso de casi 19 millones de dólares al municipio.

Para la Policía angelina, cancelar las confiscaciones es un asunto de “compasión” y “justicia” para los miles de personas sin papeles que viven, trabajan o cruzan por esta metrópoli.

La opinión del juez Green no detiene en ningún sentido la aplicación de la Orden Especial 7, precisó ayer Gerald Masahiro Sato, abogado de la Fiscalía Municipal.

“La Orden Especial 7 responde a las necesidades de la comunidad”, mencionó Lucero Chávez, abogada de ACLU. “Haremos nuestro mejor esfuerzo para aclarar que no hay un conflicto con la ley y seguiremos trabajando con la Procuraduría Municipal para demostrarlo”, añadió.

Mientras tanto, ayer un grupo de activistas y abogados sostuvo una reunión privada con varios representantes del Sheriff del condado de Los Ángeles para pedir que la corporación siga los pasos del LAPD.