Demandan a gobierno de EEUU por muerte de agente en México

MCALLEN, Texas, EE.UU. (AP) — La hermana de un agente federal estadounidense herido en un ataque en México dijo estar confiada en que la demanda legal presentada la víspera por éste y los deudos de otro obligue al gobierno de Estados Unidos a responder sus preguntas.

Jaime Zapata y Víctor Avila, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), fueron atacados el 15 de febrero de 2011 en su camioneta deportiva blindada cerca de San Luis Potosí, en el centro de México, poco después de recoger equipamiento que les entregó un colega. Zapata murió y Avila resultó gravemente herido.

La demanda legal presentada el martes en una corte federal en Brownsville, Texas, señala a una veintena de acusados, entre ellos los supervisores de los agentes, la compañía que blindó el vehículo y las tiendas que supuestamente vendieron dos de las armas de fuego usadas en el ataque. La demanda indica que Zapata y Avila no debieron ser enviados a una misión arriesgada, su camioneta presentaba daños de blindaje y al menos dos de las armas usadas en la agresión fueron compradas en Estados Unidos y posteriormente llevadas a territorio mexicano.

“La queja en realidad busca la rendición de cuentas por parte de algunas personas y que no se permita que esto suceda de nuevo”, dijo Magdalena Villalobos, hermana de Avila. Agregó que ante la proximidad del segundo aniversario del ataque, el gobierno no ha dado respuesta a muchas de las preguntas de los familiares de los agentes.

Zapata y Avila habían viajado desde la Ciudad de México a San Luis Potosí para recoger equipo de otro agente de la oficina en Monterrey. Poco después de haber iniciado su viaje de regreso, ambos fueron emboscados por hombres armados. Zapata estacionó el vehículo, pero al hacerlo las cerraduras automáticas de las puertas se abrieron. Los agresores forzaron la puerta y en su intento por cerrarla, los agentes bajaron parcialmente la ventana, lo que permitió que los hombres dispararan hacia dentro de la camioneta.

BAE Systems, una subsidiaria en Estados Unidos de la contratista de defensa a nivel mundial con sede en Gran Bretaña que blindó la camioneta Suburban, es incluida en la demanda. El caso la acusa de negligencia al no desactivar la función que abre automáticamente las cerraduras de las puertas.

Brian Roehrkasse, vocero de BAE Systems, dijo el miércoles que la compañía analiza la demanda.

“Estamos evaluando las acusaciones y por ahora no tenemos comentarios al respecto, excepto señalar que nosotros no somos el fabricante del vehículo y no fabricamos los mecanismos de cerradura de puertas”, indicó Roehrkasse mediante un mensaje por correo electrónico.

Un sospechoso en el ataque, Julián Zapata Espinoza, será enjuiciado bajo cargos de homicidio e intento de asesinato en una corte federal en Washington. Zapata Espinoza es supuestamente miembro del Cártel de los Zetas, que según las autoridades mexicanas confundieron a los agentes con miembros de algún cártel rival.

Se recuperaron tres armas que se cree fueron usadas en el ataque, aunque sólo se ha divulgado la información de dos de ellas, según documentos de la corte.

Una era un fusil Draco de 7,62 milímetros, tipo AK-47. Las autoridades federales detectaron que el arma fue comprada por parte de Otilio Osorio en una armería en Texas. Osorio y su hermano fueron sentenciados a prisión por cargos de posesión de armas. Otra arma fue un rifle de asalto semiautomático estilo AK-47 adquirido en la casa de empeño JJ’s Pawn Shop en Beaumont en otra compra con prestanombres y luego contrabandeado a México por Manuel Barba, quien también fue sentenciado a prisión.

Osorio, Barba y la casa de empeño están entre los demandados.

En una notificación de procedimiento al gobierno interpuesta el año pasado, los abogados de los agentes solicitan $25 millones para la familia de Zapata y $12,5 millones para la de Ávila. En la demanda del martes no se mencionan cifras.