Caso Bell llega al jurado

El juicio por corrupción contra exfuncionarios a punto de concluir

La última estrategia de la defensa del caso de corrupción en Bell es dirigir la artillería al ex procurador Edward Lee, quien fue acusado de no advertir a los seis concejales que sus estratosféricos sueldos eran ilegales. El primer blanco fue el antiguo administrador de esa ciudad, Robert Rizzo.

Este miércoles, ya en los argumentos finales de un juicio que inició hace tres semanas, los abogados de dos ex funcionarios de Bell afirmaron que las extensas jornadas laborales fuera del Cabildo sí justifican los salarios de casi 100,000 dólares anuales que se otorgaron sus clientes.

“George Cole es inocente”, recalcó su abogado al jurado, que desde ayer toma las últimas notas antes de deliberar en privado para emitir su veredicto. “Él no robó nada… Este hombre es incansable. Trabajó 40, 50, 60 horas por la gente de Bell”, agregó el litigante.

En tanto, la Procuraduría de Distrito (DA), la primera en tomar la palabra, los calificó de otra manera. “No tenían a los residentes arriba de su gráfica. El electorado estaba en el fondo”, indicó el fiscal Edward Miller, quien aseguró a los jurados que los ediles “robaron” 1.3 millones de dólares a uno de los municipios más pobres del condado, fingiendo que participaban en reuniones de agencias locales.

En los testimonios anteriores, los acusados repartieron culpas a otros funcionarios de Bell, por ello uno de los argumentos del fiscal Miller fue exponer que la experiencia gubernamental de algunos inició antes de la llegada de Rizzo al ayuntamiento y que ellos sabían que la constitución de Bell establece que sus líderes no pueden devengar un sueldo mayor al de otra ciudad de igual población.

Los 20 cargos que pesan contra el ex alcalde Óscar Hernández y los ex concejales Víctor Bello, Luis Artiga, George Mirabal, Teresa Jacobo y George Cole, radican en un incremento salarial de 8,000 dólares anuales en 2006 a uno de casi 100,000 dólares en 2010, pero sin ampliar sus responsabilidades.

De hecho, ayer el fiscal reiteró que algunas de sus reuniones duraban sólo un par de minutos o incluso cobraron por fingir que dirigían una comisión que jamás operó. “En cinco años no hicieron nada de trabajo, excepto subirse el sueldo”, señaló Miller. “Estoy hablando de gente que tomó mucho dinero de personas pobres”, comentó en una participación que duró casi dos horas y media.

Debido a la cantidad de abogados, uno por acusado, se espera que hasta la próxima semana el jurado tenga oportunidad de dar a conocer sus conclusiones. Este miércoles la jueza Kathleen Kennedy les pidió emitir un veredicto basado en las evidencias y no en otros factores.

Los abogados de Cole y Jacobo insistieron que a la Fiscalía precisamente le faltó presentar pruebas y testigos que inculparan a los ex funcionarios. “El gobierno ha fallado en probar que estos pagos fueron ilegales”, dijo Shepard Kopp, representante legal de Jacobo.

Su estrategia fue la misma que la de sus colegas: presentar a su defendida como un servidor público que trabajó de más, que es ignorante de las leyes y que jamás recibió asesoría del procurador local. “[Lee] nunca le dijo que alguno de estos incrementos eran ilegales. Era su trabajo que se siguiera la ley”.

Una de las sorpresas del juicio de los “Seis de Bell” fue que no compareció Lee.

Otra opción de los litigantes fue mostrar a través de dirigentes locales y proyectos sociales que sus clientes sí estuvieron dedicados al trabajo comunitario en Bell. “Ella pasó más tiempo sirviendo a sus constituyentes que a su familia”, comentó Kopp sobre Jacobo.

Mientras que el abogado de Cole afirmó: “mi cliente estuvo tras bastidores, fuera de los reflectores, enfocándose en lo importante para su comunidad, no estaba besando niños”.

Miller, en tanto, indicó al jurado que existen las pruebas suficientes para declararlos culpables por desvío de fondos. “Esta era una ciudad volteada por una cultura de la corrupción”, señaló.

Hoy jueves continuarán los argumentos finales del resto de la defensa.