La Sección 5 es necesaria

Durante la presentación de argumentos de ayer ante la Suprema Corte de Justicia sobre un aspecto de la Ley del Derecho del Votante se percibió la falta de comprensión por parte de los jueces más conservadores del alto panel.

Es cierto que desde 1965, año en que se promulgó la ley, hasta la fecha, ha habido grandes avances en la participación electoral de las minorías. Esto en si mismo es una prueba de la eficacia de la ley y de su Sección 5, que en este caso está en juego.

Allí se establece que nueve estados y varias condados y municipalidades de otros estados deben obtener el visto bueno del Departamento de Justicia o de un tribunal federal antes de hacer cambios en cuestiones electorales.

Este aspecto de la ley fue de mucha utilidad el año pasado al bloquear —a través de los tribunales— una parte de la redistribución de distritos y permitir al Departamento de Justicia anular varias leyes electorales onerosas hacia los votantes de minorías.

En esas ocasiones la intención de las autoridades republicanas era tratar de desalentar a los votantes de minoría, por considerar que votan mayoritariamente demócratas. El motivo político de la acción no la hace menos discriminatoria en la realidad.

Por eso, ante estos hechos recientes indigna escuchar al juez Antonin Scalia decir que esta cláusula es “un derecho racial adquirido a perpetuidad”, como desconcierta también que el juez John G. Roberts se pregunte si es posible que la gente en el sur del país sea más racista que la del norte.

La respuesta a las preguntas y comentarios se reduce a que la Sección 5 debe continuar mientras sea necesaria. Si queda alguna duda de su vigencia basta ver cómo ayudó a evitar los actos de malicia electoral en el comicio de hace cuatro meses.

Los jueces, a la hora de tomar la decisión, no deben refugiarse en rebuscadas interpretaciones históricas, sino que deben defender la integridad del derecho al voto, inclusive el de las minorías, aunque tome un esfuerzo adicional. Esa es la democracia.