Deportaciones dejan a estadounidenses sin padres

Dice congresista Luis Gutiérrez que los niños afectados suman entre 200 y 300 cada día

SAN FRANCISCO.— Quienes pugnan por una reforma migratoria insisten estos días que, primero, deben frenarse las deportaciones a rajatabla de gente de trabajo, inmigrantes que no tienen siquiera derecho a apelar.

“Hoy, entre 200 y 300 niños estadounidenses se quedarán sin padres, al ser éstos deportados. Y mañana ocurrirá lo mismo. Todos los días, hasta que arreglemos esto”, mencionó el congresista Luis Gutiérrez, quien visitó el Área de la Bahía, el domingo 17 de marzo, para promover una reforma migratoria.

“Acción Diferida es inservible para quienes nos graduamos de la preparatoria (High School). Quienes necesitan un permiso de trabajo ahora son nuestros padres”, comentó Dora Torres, una inmigrante mexicana, quien no alcanzó ese beneficio migratorio, promulgado por el presidente Obama para detener la deportación de aquellos que fueron traídos sin papeles a los Estados Unidos cuando eran niños.

Torres hizo su reproche en el templo de San Juan Evangelista, al norte del barrio de la Misión, durante el mismo evento en que participó Gutiérrez, quien además asistió a reuniones en San Diego y Salinas ese fin de semana —el legislador, primer latino electo para el Congreso en el Medio Oeste, su distrito tiene base en Chicago, fue invitado por PICO, una red nacional de devotos religiosos, mayormente católicos, que insta a organizarse para afrontar problemas comunes.

“Hoy, 1,400 personas fueron deportadas; otras 1,400 fueron deportadas ayer y otras 1,400 lo serán mañana. Y la mayoría eran personas que no cometieron ningún crimen, sino que vinieron a trabajar duro, a sudar, a tratar de contribuir con los Estados Unidos. Es tiempo que el Congreso reconozca esto. ¡No somos criminales; somos seres humanos!”, clamó Gutiérrez ante las 300 personas que abarrotaron el templo.

Un día después, el 18 de marzo, un centenar de organizaciones estatales entregaron al comité del Poder Judicial del Senado estadounidense un documento intitulado “Declaración de Valores Californianos sobre la Reforma Migratoria”.

Ya que casi un tercio de sus residentes, el 27%, son inmigrantes, California tiene bastante que decir sobre la reforma migratoria que el Congreso discute —se estima que hay unas 2.8 millones de personas indocumentadas en el estado.

Sindicatos, organizaciones de derechos civiles, iglesias, centros de jornaleros, piden en el documento que se asegure a los inmigrantes y refugiados un “proceso legal justo y una revisión minuciosa de sus casos” antes de proceder con la deportación.

También se recomienda devolver a los jueces de inmigración el poder de otorgar una segunda oportunidad —considerando ligas familiares y tiempo de estancia en el país— a aquellos en proceso de deportación.

El 52% de quienes son deportados a través del programa Comunidades Seguras (S-Comm) —el cual las organizaciones californianas piden desaparezca— consiguen una audiencia con un juez y de éstos sólo el 24% tienen abogado, según un estudio del Centro de Derecho y Política Social de la Universidad de Berkeley que data de octubre de 2011; ese mismo estudio estableció que el 39% de los arrestados por S-Comm reportan tener esposa o hijos estadounidenses.

“Hay que exigir un camino para aquellos que han sido deportados, para que puedan volver a ver a sus hijos y su familia”, dijo Luis Gutiérrez en San Francisco, al detallar la reforma migratoria que anhela.

Luego, explicó por qué se siente seguro que esta vez sí se alcanzará la meta: “Ahora los políticos entienden que si ellos quieren ser electos, esa elección va a ser a través de los barrios latinoamericanos y que ya no pueden ser exitosos políticamente si tratas con maldad a los inmigrantes”.