Cuestionan ley anti bodas gay

Jueces del Supremo, inclinados a declararla inconstitucional

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Cuestionan ley anti bodas gay
Kevin Coyne of Washington holds flags in front of the Supreme Court in Washington, Wednesday, March 27, 2013. The U.S. Supreme Court, in the second day of gay marriage cases, turned Wednesday to a constitutional challenge to the federal law that prevents legally married gay Americans from collecting federal benefits generally available to straight married couples. (AP Photo/Carolyn Kaster)
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WASHINGTON D.C. — Una mayoría de jueces del Supremo de EE.UU. se mostraron ayer inclinados a declarar inconstitucional la ley que define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, aunque también criticaron al Gobierno de Barack Obama por unirse a la campaña contra la medida pese a que la sigue aplicando.

El segundo día de audiencias en el Supremo estuvo dedicado a estudiar la validez de la definición contenida en la ley de Defensa del Matrimonio (DOMA), que impide que los homosexuales casados legalmente obtengan reconocimiento del Gobierno federal y les priva, por tanto, de beneficios fiscales y de pensiones.

Cinco de los nueve magistrados del Supremo mostraron dudas de que la ley encaje con la Constitución, basándose en la posibilidad de que el Gobierno se esté extralimitando en sus funciones al ofrecer una definición legal del matrimonio, y no tanto en la posible violación del derecho a la igualdad de los cónyuges gais.

“La pregunta es si el Gobierno federal, en un sistema federalista, tiene la autoridad de regular el matrimonio”, dijo el juez Anthony Kennedy, considerado el voto decisivo en caso de empate.

Por su parte, la jueza liberal Elena Kagan consideró que la ley de 1996 contiene puntos “preocupantes”, mientras que su colega Ruth Bader Ginsburg opinó que establece “dos tipos de matrimonio: matrimonio entero y matrimonio del tipo ‘leche desnatada’.”

Al comienzo de la audiencia, los magistrados se plantearon incluso si deberían estar analizando el caso, dado que la parte demandada -el Gobierno estadounidense- dejó de defender la ley en los tribunales en 2011 y se ha sumado ahora a la posición de los demandantes.

El juez John Roberts, que encabeza el ala conservadora, criticó el hecho de que el Gobierno haya declarado que considera la ley inconstitucional pero siga aplicándola en la práctica a la espera de la decisión del Supremo, algo que, aseguró, “no tiene precedentes” en la historia estadounidense.

Roberts esgrimió que quizá la Administración debería tener la “valentía” de aplicar la ley basándose en su constitucionalidad en lugar de trasladar la responsabilidad al Supremo.

Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca, respondió ayer a esas críticas al indicar que el Gobierno “tiene una responsabilidad de aplicar todas las leyes que estén aprobadas, incluso aquellas con las que no está de acuerdo.”

El vacío que ha dejado el Gobierno en el asiento del demandado lo ha ocupado un grupo de líderes republicanos de la Cámara baja, encabezados por el presidente del hemiciclo, John Boehner, y que defendieron la ley a través del abogado Paul Clement.

Una hora de la audiencia estuvo dedicada a determinar si los republicanos tenían derecho a ocupar ese rol en el caso.

En su contra se pronunció Vicky Jackson, profesora de Derecho de la Universidad de Harvard, que consideró que el Congreso no tiene nada en juego en este caso y pidió a los jueces que “esperen a que llegue otro caso” para decidir sobre la constitucionalidad de DOMA.

Si los jueces deciden que no existía base para presentar el caso, los analistas pronostican que ley dejaría de aplicarse en los estados del noreste del país que han tenido decisiones contrarias a la medida, pero las consecuencias a nivel nacional serían inciertas.

Si declaran inconstitucional la definición contenida en DOMA, los matrimonios homosexuales comenzarían a recibir beneficios federales, pero no se obligaría a ningún estado que prohíba las bodas gais a permitirlas.

La ley ya fue declarada inconstitucional por dos cortes de apelaciones a raíz de la demanda que presentó Edith Windsor, una anciana de 83 años, tras verse obligada a pagar más de 360,000 dólares en impuestos por el patrimonio heredado de su mujer, dado que el Gobierno no reconocía su matrimonio.

Windsor se mostró hoy “emocionada, inquieta y muy, muy humilde” porque su caso haya llegado a la máxima instancia judicial.

“Este es un día espectacular para mí”, indicó a la prensa tras la audiencia. “Me he sentido muy respetada por la justicia y tengo la sensación de que (el caso) irá bien”, agregó.

Políticos y analistas compartieron la sensación de que la ley DOMA “será derogada”, en palabras de la líder de la minoría demócrata en la Cámara baja, Nancy Pelosi.

Se espera que los magistrados emitan antes de final de junio su decisión tanto en este caso como en el que escucharon el martes, que reta la validez de la Propuesta 8 que prohibió los matrimonios homosexuales en California y que podría tener implicaciones en otros estados del país.